La Justicia ordenó las primeras medidas de prueba en una causa que investiga a los tres últimos jefes de Gabinete del kirchnerismo, Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich, por una presunta malversación millonaria a través del programa Fútbol para Todos (FPT).

Las medidas ordenadas por la jueza María Servini de Cubría son pedidos de informes a entidades del Estado y a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), cuyos directivos también están bajo investigación.

Ayer por la mañana, Capitanich hizo una presentación en el expediente. Se dio por "imputado", pidió tener acceso a la causa y designó como abogados al constitucionalista preferido del kirchnerismo, Eduardo Barcesat, y al ex secretario de Justicia Héctor Masquelet.

Pagos exorbitantes, una asociación millonaria y clubes fundidos y la ausencia total de controles de parte del Estado son algunos de los hechos denunciados en esta causa, que fue promovida por la legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública). Según ella, los funcionarios involucrados abusaron de su autoridad y defraudaron a la administración pública.

Ayer, Ocaña dijo que planea ampliar su denuncia en las próximas horas. "Voy a pedir que se investigue también el fraude de la reventa de entradas", dijo. Relató a LA NACION que después de una presentación que hizo por escrito ante la AFA, su presidente, Julio Grondona, la llamó y le dijo que la entidad sólo había recibido ocho entradas de protocolo y que las otras 700 la AFA las iba a pagar. "Como se pagan con fondos públicos, deben ser investigados", afirmó la legisladora.

Su denuncia original fue del 26 de mayo pasado. Por sorteo, le había tocado investigarla al juez Sergio Torres, pero él se excusó porque su mujer es asesora letrada externa de la AFA. Fue así como el caso pasó a manos de Servini.

El fiscal Eduardo Taiano -que fue quien promovió la investigación- imputó a los acusados y pidió las primeras medidas de prueba.

Todas fueron ordenadas por la jueza, que dispuso que la Tesorería General de la Nación "lleve a cabo un informe relativo a la administración del erario destinado desde 2009 hasta la actualidad al programa Fútbol para Todos, por parte del Estado nacional".

También le pidió a Leandro Despouy, titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), los "informes avanzados" de la auditoría que está haciendo el organismo a su cargo desde 2012 sobre "los recursos girados a la AFA en el marco del programa Fútbol para Todos".

A la Inspección General de Justicia le pidió todos los balances de la AFA desde 2009. Y al presidente de la AFA, los convenios firmados con los clubes relativos al programa bajo investigación.

Servini también le envió un oficio al primer imputado que se presentó en la causa, Capitanich. Le solicitó que en su condición de "jefe de la Jefatura de Gabinete" acompañe las rendiciones de cuentas que hizo la AFA del dinero que recibió por Fútbol para Todos.

La causa tiene dos ejes: el primero, vinculado a las condiciones de contratación y las obligaciones que asumió el Estado; el segundo, a los manejos de la AFA.

Con los datos de un informe de senadores radicales, Ocaña afirmó que sólo en 2009 FPT "habría generado gastos por $ 973.929.126 y sólo recaudó $ 6.684.491, por lo que el Estado perdió $ 967.241.635, que fueron aportados por el Tesoro nacional".

SERVINI DE CUBRÍA

Jueza Federal

La jueza pidió informes al Estado nacional y a la AFA para interiorizarse de supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados al programa Fútbol para Todos..