La Justicia penal interviene en el caso de los candidatos fraguados.

La denuncia de un periodista de la capital provincial que se encontró figurando como precandidato en una lista inscripta para las primarias del domingo 2 de agosto, sin haber dado ningún consentimiento, terminaría revelando la existencia de otros 80 casos similares que en las próximas horas la Secretaría Electoral pondrá en manos del fiscal de instrucción penal en turno para que investigue.
De los 81 casos de ciudadanos que denunciaron que aparecían como precandidatos sin haber firmado conformidad, 75 fueron detectados antes del acto comicial, pero en 6 sólo se los advirtió en el mismo cuarto oscuro. Ello generaría por lo menos un caso curiosos como el de una mujer que al ir a votar advirtió su nombre impreso, lo denunció pero a la hora del escrutinio resultó que su postulación —pese a ser trucha— obtuvo el 14 por ciento de los votos de su localidad.

El 6 de abril venció el plazo para inscribir ante las autoridades partidarias las listas de precandidatos. Las que debían ser presentadas con firmas certificadas, o por funcionario público, escribano, o secretario de certificaciones del Poder Judicial, o por los apoderados de listas quienes a su vez debían tener certificada su propia firma por alguno de los funcionarios antes descripto. De acuerdo a la ley vigente, la certificación que realizan los apoderados son bajo su exclusiva responsabilidad respecto de veracidad de las firmas y documentación que presentan.

El 9 de abril venció el plazo para que las juntas electorales partidarias, o los apoderados en el caso de las alianzas, presentaran ante el Tribunal Electoral todas las listas de precandidatos aprobadas por cuadruplicado. Una copia es devuelta a la autoridad partidaria y las restantes tres quedan en poder del tribunal que exhibe una de ellas para que cualquiera pueda verificarlas y la prensa publicarlas.

Se enteró por el diario. Por ello es que el periodista santafesino Germán Nessier al leer en un diario los nombres de precandidatos se encontró con que aparecía el suyo de modo sorpresivo y sin haber dado jamás su consentimiento. Nessier verificó en la Secretaría Electoral que ese fuera efectivamente su nombre y luego formalizó una denuncia en la seccional primera de la policía de la ciudad de Santa Fe.

Desde ese momento se generan una serie medidas que terminan con el resultado antes descripto: 81 casos de presunto fraude o estafa que deberá investigar la Justicia penal. La primera medida que dictó el Tribunal Electoral es el "Auto 160" por el cual dispone la publicación en la página web propia de todas las listas de precandidatos para que sean verificadas por cualquier ciudadano citando como antecedente un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a garantizar los controles de legalidad por parte de terceros asegurando el principio de transparencia electoral.

En virtud de ello hubo ante la secretaría electoral 81 denuncias de ciudadanos por falsificación de firmas, de las cuales 6 fueron presentadas con posterioridad al envío de la documentación electoral a las mesas de votación por lo cual no pudieron ser excluidos y su nombre igual figuró en las boletas en el cuarto oscuro. En todos los casos denunciados, el tribunal dispuso la inmediata exclusión del ciudadano de las listas de precandidatos en la pagina web, de las boletas en los 75 casos en los que se llegó a tiempo antes de la impresión y notificó a los apoderados de la listas de las denuncias, la entrega de copias certificadas de las listas que incluían al denunciante y la vista de las actuaciones al fiscal de instrucción penal en turno.

Con motivo de la denuncias presentadas por falsificación de firmas mayoritariamente dentro de las listas de precandidatos de tres partidos políticos, el procurador fiscal aconsejo al tribunal citar a los ciudadanos a que se presenten en la secretaria a ratificar o rectificar sus firmas. El tribunal dispuso en consecuencia el envío de las listas de precandidatos a los juzgados comunales pertenecientes a 12 departamentos de la provincia, correspondientes a las localidades de las listas presentadas y envío 1.257 cédulas a cada uno de los ciudadanos informándoles lugares en los que se ponían a su disposición las listas a efectos de constatar la veracidad de su firmas en las mismas. Se exhibieron durante tres días.

Este trámite se llevó a cabo antes de la oficialización y como consecuencia del operativo se detectaron las 74 denuncias referidas.

Paradoja. El día de los comicios, la ciudadana Cintia Alejandra Martínez, de Laguna Paiva, denunció que había sido incluida en una lista que, paradójicamente, obtendría el 14 por ciento de los votos en esa localidad. Otra mujer hizo una denuncia similar desde una localidad del departamento San Cristóbal pero, más extraño, después se desdice y asegura que su primera denuncia asegurando que habían incluido su nombre en una lista sin su acuerdo, le fue exigida bajo presión.

Los casos más singulares sin dudas son los que no se advirtieron antes del acto comicial e igualmente llegaron al cuarto oscuro y figuraron en las boletas como precandidatos. Todos esos casos se dieron en la ciudad de Santa Fe y son los de Cintia Martínez, Alejandra Bistripzki, Luciano y Anahí Olivera, Gustavo Machuca Gustavo y Teresa Brouessard, sobre los cuáles deberá pronunciarse la Justicia.

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