La Justicia ordenó la restitución de una casa usurpada en 1976

Fallo de la Cámara Federal de Apelaciones.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán ordenó la restitución de un inmueble en el que residía una pareja de desaparecidos en la década del 70, y que durante 33 años, fue ocupado de manera presuntamente ilegal por María Elena Guerra y Roberto Heriberto Albornoz.

En julio de 1976, Diana Irene Oesterheld y su pareja Raúl Araldi, junto a su hijo Fernando, vivían en la casa ubicada en Frías Silva 231, de esta ciudad. En aquel momento, fueron secuestrados. Luego del hecho, la vivienda -según la Justicia Federal- fue usurpada por María Elena Guerra y Roberto Heriberto Albornoz, entonces jefe del Servicio de Inteligencia Confidencial (SIC) de la policía provincial y, actualmente, acusado de ser el responsable del centro clandestino de detención que funcionó en la Jefatura de Policía.

Albornoz y Guerra vivieron durante 33 años en esa casa, mientras Oesterheld y Araldi seguían en condición de desaparecidos. Pero, ahora, la Justicia ordenó la restitución del inmueble en cuestión. El fallo fue firmado por los jueces de Cámara Ernesto Clemente Wayar, Graciela Fernández Vecino y Marina Cossio de Mercau. Esta resolución judicial, que se conoció ayer, data del 17 de setiembre de este año, y también fue rubricada por el secretario de Cámara, Marcelo Herrera. El matrimonio Oesterheld-Araldi residía en la casa desde diciembre de 1975, pero no habían llegado a firmar los documentos de la compra del inmueble. De hecho, hasta hoy, la vivienda sigue a nombre del propietario dominial Onésico Marini, a quien beneficia el fallo.

Uno de los hijos de Marini se convirtió en una pieza clave de la investigación al haber recordado que, cuando tenía 16 años, hubo reuniones entre sus padres (vendedores del inmueble) y el matrimonio Oesterheld-Araldi (compradores).

A pesar de las trabas en primera instancia, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán ordenó, después de cinco años de litigio, el desalojo de la casa y su devolución a sus antiguos dueños (Marini). Además, María Guerra quedó procesada por supuesta usurpación. La mujer enfrentará junto a Albornoz y al ex gobernador, Antonio Bussi, un juicio por delitos de lesa humanidad el 13 de febrero.

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