Justicia ordenó pagar en efectivo parte de la deuda del recorte de Mestre a jubilados

El fallo del Tribunal Superior de Justicia establece que el gobierno provincial deberá saldar en efectivo parte de la deuda a jubilados derivada del Decreto 1777. Queda así descartada la posibilidad de que la diferencia de haberes se cancele en bonos.
La Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) ordenó a la Provincia abonar en efectivo parte de la deuda que reclamaban los jubilados y pensionados provinciales por el recorte en sus haberes aplicado por el ex gobernador Ramón Mestre, a través del Decreto 1777.

El fallo por mayoría del TJS establece que los demandantes mayores a 75 años o con enfermedad grave cobren 60 mil pesos en efectivo. Los menores de 75 años percibirán 40 mil pesos en efectivo, mientras que los sucesores recibirán hasta 30 mil pesos. En todos los casos, el resto de la deuda deberá ser cancelada en bonos.

Un dato a destacar es que el fallo establece un plazo de cuatro meses para que la Caja de Jubilaciones cancele la deuda que mantiene con los jubilados desde hace más de 10 años.

La Justicia determinó, además, la tasa de interés a aplicar por la Caja de Jubilaciones. Hasta el 31 de diciembre de 2002, el cálculo se hará en base a la Tasa Pasiva Promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina con más el medio por ciento (0,5%) nominal mensual hasta el 7de enero de 2002. A partir de allí y hasta el 31 de diciembre de 2002 se aplicará la Tasa Pasiva Promedio mensual más el dos por ciento (2%) nominal mensual). Desde el 1 de enero de 2003, el fallo establece que el cálculo deberá adicionar la tasa de interés del Art. 7 de la Ley 8250 (equivalente a la tasa promedio de la caja de ahorro común que fije el Banco Provincia de Córdoba, capitalizable mensualmente) a la que remiten los Arts. 8 y 11 de la Ley 9078.

El dictamen judicial echa por tierra las pretenciones del gobierno provincial que aspiraba a cancelar la abultada deuda en bonos a cinco años, la chance queda totalmente descartada.

También termina con la posibilidad reclamada por la Caja de Jubilaciones de pagar sólo el capital original (unos 100 pesos promedio por agente) con el argumento de que el ente no incurrió en mora, ya que se ajustó a la norma vigente.

Sin embargo, existe la posibilidad de que la Provincia recurra a la Corte Suprema de Justicia mediante la presentación de un recurso extraordinario, cuestión que aún no ha sido analizada por los funcionarios provinciales.

El fallo beneficia a todos los jubilados y pensionados que oportunamente iniciaron un reclamo judicial ante la Caja de Jubilaciones de la Provincia. Se trata de unos 1.100 pasivos, a quienes el por entonces gobernador Ramón Mestre les recortó sus haberes en 1996 para financiar la crisis económica que envolvía a su gestión.

Comentá la nota