La Justicia ordenó al IPV que otorgue una vivienda a una chica discapacitada

El juez de primera instancia del Trabajo de 1º Nominación, Carlos Alberto Herrera, ordenó al Instituto Provincial de Vivienda (IPV) que "asigne un lugar adecuado para la permanencia digna del núcleo familiar" de una adolescente que quedó en estado vegetativo en 2007, luego de sufrir un accidente cerebro vascular (ACV). El organismo provincial tiene un plazo de cinco días para cumplir con esta orden, en caso contrario se le aplicarán multas diarias de mil pesos.
Al hacer lugar, el viernes último, a una medida cautelar presentada por la madre de la chica, Vicenta Vargas, el magistrado también dispuso que este lugar tiene que ser adecuado para que la adolescente reciba los cuidados adecuados "conforme a las prescripciones médicas", y "garantice una habitación aislada, atento a la gravedad de su estado de salud".

Con el patrocinio del abogado Arturo Torino, Vargas presentó un recurso de amparo ante el juez Herrera. Según explicó, lo hizo acuciada ante la inminencia de un desalojo de la vivienda precaria que ocupa actualmente, en la parte de atrás de una propiedad de un familiar, que le inició juicio de desalojo, en trámite en el Juzgado en lo Civil y Comercial de 8º Nominación, a cargo de la jueza Nelda Villada Valdez.

Ante esta situación Vargas pidió al IPV que se considerara su caso como especial y se le otorgara una casa. La Subsecretaría de Tierra y Hábitat le adjudicó un tereno en el barrio San Ignacio. "El terreno no me sirve a mí. No puedo construir, para mí es imposible", objeta Vargas, quien es empleada doméstica y vive con sus cuatro hijos, de los cuales uno solo trabaja como cadete.

El 3 de junio pasado la presidenta del IPV, Adriana Krumpholz, la notificó de que se le iba a dar una "solución habitacional". Que le iban a construir una vivienda en unos tres meses.

Vargas afirmó que con esta promesa, el 2 de julio accedió a fimar un acta acuerdo, en el juicio por desalojo, en la que se comprometió a que el 18 de agosto dejará la casilla que habita con sus cuatro hijos.

Vargas aclaró que está "agradecida" con el gobierno provincial, del que recibe ayuda para su hija, entre ellas la asistencia de una acompañante terapéutica. Es solo que "necesito donde vivir, nada más. Quiero un lugar donde pueda hacerle la estimulación que dice el médico que tiene que tener", afirmó.

En el amparo Vargas pidió al juez que ordene al IPV "la asignación y/o construcción de una casa habitación para su grupo familiar y en particular que contemple la situación" de la chica.

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