La Justicia ordenó evitar el vertido de efluentes al río

El Juzgado de Competencia Ampliada hizo lugar al amparo presentado por el Concejo Deliberante, instruyendo al IPV para que no vierta al río Grande líquidos cloacales sin tratamiento desde Chacra XIII. Sin embargo, desde el organismo reiteraron que no existe tal maniobra; aunque esto no habría sido constatado por la Justicia.
El juez Aníbal López Tilly, al frente del Juzgado de Competencia Ampliada en esta ciudad, hizo lugar al amparo presentado por el cuerpo de concejales de esta ciudad y ordenó al Instituto Provincial de Vivienda (IPV) evitar el vertido de líquidos cloacales sin tratamiento al río Grande; maniobra que desde el organismo provincial volvieron a negar aunque ello no habría sido constatado por la Justicia.

La polémica entre los ediles y el IPV por la contaminación del río tuvo su origen en el anuncio del organismo sobre la utilización de plantas modulares para el tratamiento de líquidos cloacales en el barrio Chacra XIII, medida que generó el malestar de los concejales al entender que se contaminaría el río.

Sin embargo, desde el IPV solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente provincial que recorriera el sector y analizara muestras de agua luego de su tratamiento en la planta móvil instalada en el barrio; lo cual derivó en que desde el área a cargo de Nicolás Lucas ratificaran que no existía vertido de líquidos cloacales al río, así como se determinó que los parámetros de limpieza del agua, luego de ser tratada, se encontraban en los límites fijados por ley.

Pese a estos estudios el Concejo Deliberante presentó un recurso de amparo y ayer la Justicia falló a favor de la institución legislativa local, por lo que se ordenó al IPV tomar «las medidas necesarias a los fines de evitar se reitere la descarga y/o derrame (ya sea por si o por medio de sus concesionarios de obra y/o servicios) de efluentes cloacales provenientes de las viviendas de Chacra XIII».

Multas del Municipio

En tanto, desde el Municipio advirtieron ayer que se tomarán medidas más estrictas con aquellas personas que arrojen residuos al río Grande; señalando asimismo que «se destacarán más inspectores en estos lugares a los efectos, lamentablemente, de aplicar una política más dura que no sólo sirva de prevención, sino también de aplicación de sanciones y multas».

«Evidentemente no se está tomando conciencia de la problemática que significa ensuciar la costa del río, ya que tomamos de su cauce el agua que potabiliza el Municipio para el consumo de todos los vecinos», indicó el secretario de Obras Públicas, Julio Bogado.

Ayer, precisamente, el Municipio encaró una jornada de limpieza de la costa del río en una zona contigua al Parque Industrial, donde existen viviendas desde las que se arrojan líquidos cloacales sin tratamiento alguno durante los últimos años.

«Independientemente de este trabajo que está haciendo el Municipio, que es un compromiso real y lo efectuamos todos los días en la medida que el clima acompaña, seguimos observando que hay una desaprensión por parte de algunos vecinos que siguen arrojando basura a la vera del río, como así también podemos observar lo mismo en algunas calles internas del Parque Industrial que han sido abiertas en esta temporada y las usan como basurero», lamentó Bogado.

Críticas de Lucas

En tanto, el secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente, Nicolás Lucas, reclamó a la Legislatura provincial el tratamiento del proyecto de Ley de Aguas, considerando que la modificación de la Ley 55, aprobada en la última sesión ordinaria y que propone cuidados especiales a la cuenca del río Grande, «es insuficiente» para abordar el problema de la contaminación.

El funcionario opinó que el tratamiento de la Ley 55 contribuye sólo «a dilatar la aprobación de la ley más importante que es la Ley de Aguas», remarcando que «la Legislatura tiene en sus manos la posibilidad de aprobarla y todavía no lo hace».

El Secretario expresó sus dudas acerca de que «si esta ley aporta algo a la solución real, si tiene alguna utilidad práctica o si suma a la solución del problema», argumentando en ese sentido que la posibilidad de que el Ejecutivo vete la decisión legislativa debe ajustarse «a un análisis cuidadoso sobre el asunto».

Lucas también se quejó de que los parlamentarios «no consultan a las áreas técnicas del Estado provincial respecto a la Ley 55 para analizar sus implicancias»; puntualizando que «seguramente la ley desconoce que la cuenca del río Grande es binacional porque se comparte con Chile y que ya existe un equipo de trabajo binacional con un planeamiento de trabajo».

Por último, Lucas sostuvo que «centrar la responsabilidad de contaminación del río Grande en Chacra XIII es tapar el sol con un dedo», reiterando que dicho sector no está contaminando; «pero sí son varias las fuentes de contaminación que existen desde hace 15 ó 20 años».

«Está bien que estemos atentos respecto de este barrio, pero eso no debe distraer nuestra atención del trabajo real del saneamiento de lo que hoy está contaminando el río, que no tiene nada que ver con Chacra XIII», finalizó.

Comentá la nota