La Justicia ordenó que los docentes vuelvan a las aulas

Ayer el juez Roberto Pagés le ordenó a los gremios “restituir el servicio educativo”. El derecho a la educación es preeminente sobre el derecho de huelga, más si la misma no se ejerce según la normativa vigente.
Con el dictado de la medida cautelar del juez Roberto Pagés, quien intimó a los gremios docentes a restituir el servicio educativo, a partir de hoy las maestras vuelven a las aulas después de dos días de paro, el cual fue declarado ilegal por la Subsecretaría de Trabajo. No obstante, el gremio de UDAP decidió recabar mandatos entre sus afiliados en las escuelas para que el lunes un plenario decida si continúan los paros la semana que viene o no.

La salida que devuelve la normalidad a las escuelas no significa aún el final del conflicto, porque los docentes esperarán que el Gobierno realice una nueva oferta de aumento salarial en sede judicial, mientras que decidirán en las escuelas si siguen con las medidas de fuerza en un plenario el lunes por la tarde.

Caminando al filo de la cornisa, el gremio de UDAP decidió anoche “abrir un compás de espera a que el Gobierno cumpla con la segunda parte de la resolución del juez, donde le dice que debe garantizar un salario justo y digno a los trabajadores”, dijo al final del pleno la titular del sindicato docente, Graciela López.

La misma actitud tomaron los otros dos sindicatos involucrados, UDA y AMET, que no volverán a hacer paro mientras tenga vigencia la medida judicial.

El regreso a las aulas, que le dará a los alumnos la posibilidad de continuar recibiendo educación, tuvo que ser ordenada por el juez ayer por la mañana, a raíz del fracaso consecutivo de la paritaria y de la conciliación obligatoria, repitiendo la misma historia reciente de resolución de los conflictos.

Como en anteriores oportunidades, en el despacho del juez Pagés, el Gobierno y los gremios acordaron sobre la base de nuevos aumentos de sueldos ofrecidos por el Ministerio de Educación. En esta oportunidad, esa posibilidad sólo se limitaría a un nuevo esfuerzo gubernamental de alcanzar los 1.490 pesos fijados como “piso salarial” por la paritaria nacional.

Esto es así porque ayer la propia ministra de Educación, Cristina Díaz, dijo que “la decisión que tenemos es de buscar algún otro recurso que nos permita llegar hasta los 1.490”, pero lo que no se sabe es si esta cifra colmará las expectativas de los docentes.

Actuó el juez

Ayer el juez civil Roberto Pagés resultó sorteado nuevamente para entender en el caso y con la velocidad del rayo, le ordenó a los gremios docentes locales “restituir inmediatamente el servicio educativo”, so pena de “aplicar sanciones o multas”.

Para el magistrado, la medida cautelar de no innovar “se dictó en virtud de que en principio por la documentación aportada, el gremio docente no habría cumplido con la normativa que regula el derecho constitucional de la huelga”.

El juez se basó en la presentación del fiscal de Estado, Mario Díaz, quien presentó “un recurso de amparo a favor del derecho de los alumnos de recibir educación” para emitir la cautelar, pero también dijo que “le cursamos vista al gremio para que ejerza su derecho a la defensa”, de modo que con todos los elementos en la mano, pueda decidir sobre el fondo de la cuestión.

Asimismo el magistrado señaló en declaraciones públicas que “el gremio en principio no cumplió con la comunicación con 24 horas de antelación de la medida a la Subsecretaría de Trabajo y ejerció el derecho a huelga mientras está en curso una conciliación obligatoria”.

Pero, como en ocasiones anteriores, existe una segunda parte en el fallo del juez, la cual dice que “el Gobierno deberá garantizar un salario justo y digno a los trabajadores” y fijó un plazo de 48 horas para reunir a las partes en busca de una solución acordada que haría devenir en abstracto el pedido de sanción que en su presentación hizo el fiscal de Estado.

La ministra firme

Desde el Ministerio de Educación, Cristina Díaz repitió el mensaje que hasta el cansancio recitó en estos días, y recordó: “Le hemos hecho conocer a los gremios las dificultades que tiene la Provincia para estar haciendo propuestas que después puede costar bastante sostener en el tiempo. Sucede que en todo esto partimos de una pretensión de parte de los gremios muy elevada, porque la Nación con los gremios nacionales cuando establecieron el piso salarial, en ningún momento hicieron referencia a porcentajes y lamentablemente los gremialistas hicieron la cuenta de que entre 1.290 que era el mínimo antes y 1.490 hay una diferencia del 15,6 por ciento”.

De igual modo, la ministra explicó que “desde el sector sindical se pretende que ése sea el aumento que comprenda a todo el abanico del sector docente”, y aseguró que “lamentablemente es un desafío al que la Provincia en estos momentos no está en condiciones de enfrentar”.

Igualmente sostuvo que “mejorar en un 4 por ciento los sueldos para 19.700 cargos hace un monto muy importante que le significa a la Provincia un esfuerzo tremendo”, pero mostró predisposición al decir que si no hay paros en ciernes, hay una decisión oficial de “tratar de llegar al piso nacional”.

Finalmente, la titular de la cartera educativa se encargó de dejar en claro que “los días de paro van a ser indefectiblemente descontados de su sueldo a los docentes, porque la ilegalidad del paro ya ha sido declarada en la sede de la Subsecretaría de Trabajo”.

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