La Justicia ordenó brindar algunos servicios al barrio Smata y el Municipio planea apelar

El jefe de Gabinete, Juan Pablo Frolik, habló sobre el fallo judicial que dispuso la provisión de agua, recolección de residuos y desmalezamiento por parte de la comuna a las familias del barrio.
El juez Francisco A. Blanc resolvió a favor de los ocupantes de las viviendas del Smata, que habían presentado un recurso de amparo a través del defensor oficial Diego Araujo, y determinó que el Municipio deberá brindar los servicios al barrio.

Concretamente, la comuna deberá proveer a las familias que allí habitan de agua potable, del servicio de recolección de residuos y desmalezamiento de los terrenos aledaños. En cuanto al controversial tema de la energía eléctrica para el barrio, el juez no se expidió.

El jefe de Gabinete, Juan Pablo Frolik, dialogó con El Eco de Tandil y adelantó que el Ejecutivo analiza apelar el fallo por estar en “desacuerdo” con ciertas cuestiones jurídicas, para lo cual tendrá tres días destinados a exponer los argumentos correspondientes. “Seguramente vamos a apelar porque no estamos de acuerdo con la sentencia”, aseveró.

En primer lugar, el fallo establece que “se le pida a los que están ocupando que desocupen pronto”. En segundo lugar, solicita al Municipio que “trate de llegar a un acuerdo para una solución del problema de fondo” por medio del diálogo, situación que “ya estamos haciendo”.

Al respecto, argumentó que se encuentran en permanente contacto y que, de hecho, “ya se han retirado por su propia voluntad 16 familias” a partir de un acuerdo, y “se está negociando con otras seis”. En tanto que aún “quedan 22 con las cuales no tenemos ningún tipo de contacto, porque no se acercan a conversar con el Municipio, que es lo que el juez pide que hagan a los vecinos”.

“En ese marco estamos trabajando, con los que están ocupando, con los adjudicatarios, estamos hablando con el gremio de Smata y con el Instituto de la Vivienda”, acotó.

Adelantó además que el miércoles de la semana próxima estará en Tandil el director general de Inmobiliaria y Social del Instituto de la Vivienda, Rubén Opel, para buscar una solución al problema con las casas del barrio.

Proveer

servicios

Por otro lado, la sentencia establece que el Ejecutivo deberá proveer agua potable, para lo cual “se tendrá que llevar el carro aguatero”; que realice la recolección de residuos y “habrá que poner un contenedor en algún lugar como para que allí se acerque la basura”; y finalmente, que se ejecute el desmalezamiento de los terrenos a unos 50 metros del lugar.

Las primeras dos acciones resultan “factibles”, en tanto que se complica el tercer punto, porque “cuando uno tiene un terreno baldío al lado de su casa, lo que se hace es intimar al propietario para que lo limpie o se le aplica una multa”.

“El Municipio no está en condiciones de hacer desmalezamiento de todos los terrenos privados que hay en esas condiciones en Tandil”, aseguró Frolik para luego manifestar que “tendremos que hacerlo porque nos da la orden un juez, pero en realidad se está estableciendo allí un privilegio”.

Consideró “desacertado” desde el punto de vista jurídico este punto, ya que “no le corresponde al Municipio hacer eso”.

En cuanto a la conexión de energía eléctrica, el juez no se pronunció, por lo cual quedó rechazado el planteo.

“Solución

política”

“Hay muchas cuestiones jurídicas sobre las cuales no estoy de acuerdo”, señaló Frolik respecto de una posible apelación del fallo. En ese sentido, marcó que “cabría un análisis en toda esta sentencia de cuál es el rol de los padres como progenitores de los menores que están viviendo ahí en un ejercicio responsable de la patria potestad”.

Entiende que “se analiza la conducta del Estado municipal en cuanto a la provisión de servicios y alguna responsabilidad que cree el juez que debería asumir”, pero que “no se analiza cuál es la responsabilidad de los padres para que los chicos vivan en condiciones dignas de vivienda”.

“Sé que es dificultoso, pero la solución es política, siempre lo dijimos”, afirmó el funcionario. Asimismo, aclaró que “la solución que se busca a través de la Justicia no la pidió el Municipio”.

“El Intendente ni nadie del equipo de Gobierno instó a que la Justicia actuara”, explicó en relación al episodio que se vivió en el hall del palacio comunal, donde hubo cruces entre Lunghi y los ocupas, oportunidad en la que se manifestaron en reclamo por los servicios.

“Tratamos individualmente con cada una de las familias para tratar de solucionar el problema de fondo, pero no en base a una cuestión jurídica, sino en base a cuál era la necesidad concreta y real de cada una de esas familias independientemente de la toma de esas casas”.

Por último, manifestó voluntad de buscar soluciones que “estén al alcance del Municipio. No puede hacer mil viviendas por año, a lo sumo podría hacer 10 con el presupuesto que tiene”

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