La justicia necochense, cómplice y aliada de la corrupción

La justicia necochense, cómplice y aliada de la corrupción

La corrupción en Necochea tiene en la Justicia su principal aliada. Las causas contra el poder político son sistemáticamente cajoneadas hasta que caen en el olvido colectivo.

 

Esta costumbre de ser solidarios con la corrupción casi le costó el puesto a la fiscal general Analía Duarte. Durante el proceso que impulsó el Consejo de la Magistratura para llegar a su nombramiento, salieron a la luz serias denuncias por irregularidades en el tratamiento de expedientes que exponían supuestos actos de corrupción de funcionarios locales.

Se la conoce como una eterna amiga del poder, no importa su signo político. De hecho se dice que su nombramiento lo debe a una promesa hecha por Amado Boudou, ex presidente de la Nación, a cambio de “cajonear” la causa contra Pablo Pina.

El ex director de Anses Necochea había sido detenido por la policía local con armas, municiones y drogas, tras amenazar a militantes de la Unión Peronista y su libertad fue dictada apenas un par de horas después. Pina fue el “panderetero” de Boudou durante la campaña electoral local en el 2011.

Corrió agua bajo el puente y las causas de corrupción durmieron el sueño de los justos. Los cambios de signo político tanto en la administración local como en Nación y Provincia no hicieron mella en la impunidad con que cuentan los funcionarios en la ciudad.

Hace unos meses estalló el escándalo cuando el empresario Omar Yunez denunció en la UFI N°2 al intendente Facundo López y cuatro funcionarios por peculado, cohecho, malversación de caudales públicos y asociación ilícita, al tiempo que presentó documentación y pruebas que avalan sus dichos.

Cada uno de los jueces y fiscales que tuvieron relación con la causa se excusaron y el expediente fue girado a la Procuración General de la provincia bajo el rótulo IPP numero 2962_18, a la espera de la designación de un juez.

Tampoco la justicia local avanzó en la investigación por el faltante de más de 70 cheques en la Usina Popular cooperativa, una de las instituciones más importantes de la ciudad y que involucró a un concejal ligado al oficialismo.

El manto de piedad también cubre a la cúpula policial. Sobre varios de los jefes pesa una denuncia realizada por un subcomisario que cumplió funciones en la ciudad. Se los acusa de amenazas contra el agente y de complicidad con la delincuencia. A más de dos meses de realizada la denuncia aún no tiene fiscal designado, se excusan y la patean para otro lado.

La indulgencia judicial no se extiende al común de los mortales, dando por tierra con el principio inalienable de igualdad ante la Ley. Un joven necochense que fue hallado con un par de empanadas en su poder permaneció detenido durante meses y su causa llegó incluso a juicio oral, mientras que la corrupción que saquea y empobrece a la ciudad permanece impune.

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