JUSTICIA DE MENORES Ya funciona el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil

A partir del jueves funciona oficialmente en Junín el nuevo Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil, en las dependencias judiciales ubicadas en el ex Hospital San José. El mismo está a cargo de la hasta ahora jueza de Menores, Claudia Dana, que es acompañada por Silvio Echarri como defensor oficial y José Elías Alvite Galante como fiscal.
En el inicio de las actividades, la flamante magistrada y el defensor explicaron los alcances de este nuevo ámbito de juzgamiento para menores, que empezó a regir este año en la provincia de Buenos Aires.

Las características

Este fuero “tendrá un funcionamiento igual al de mayores, con la garantía del debido proceso legal, con la asistencia de un defensor, la oralidad, la concentración de pasos procesales, la contradicción, fiscal, defensor y un juez imparcial de Garantías”, explicó la doctora Dana.

Asimismo, aclaró que “en este Departamento Judicial no habrá jueces de Garantías especializados en el fuero, sino que los magistrados existentes tendrán doble competencia, al igual que en Trenque Lauquen, Necochea y Pergamino”.

“Este nuevo sistema está enfocado y sigue los parámetros de la Convención de los Derechos del Niño, que está incorporada en la Constitución Nacional. Era necesario poner en marcha en la provincia, luego de tantos años sin que se haya adecuado el procedimiento”, adelantó.

La magistrada aclaró que “los jóvenes que infrinjan la ley penal son responsables, no cabe ninguna duda, y por cuestiones de política criminal se establecen edades, como así también la afectación de bienes jurídicos tutelados, que si se prueba la culpabilidad define qué bien se afecta. A mayor gravedad de la infracción que se cometa, la respuesta del Estado será acorde”.

“En este momento, en que la opinión pública está concentrada en la criminalidad de los jóvenes y hay verdaderamente un alerta social por la conducta de estos chicos. Debemos fijarnos el contexto. En primer lugar, no existen estadísticas seguras o ciertas que nos puedan dar datos reales, porque siempre existe una cifra de criminalidad y otra negra. En América Latina, podemos hablar que entre todos los crímenes que se cometen, entre un 15 al 22% son cometidos por jóvenes, el resto corresponden a mayores de edad”, remarcó.

Prevención

Asimismo, Claudia Dana resaltó que “todo está proyectado para actuar después de un hecho, pero hay que trabajar en la prevención, que es lo más importante que se plantea para el tratamiento de esta problemática. Esto puede ser a través de la educación, la rápida inserción en la sociedad, que estos jóvenes que infringen la ley penal internalicen los derechos humanos de los otros y respeto por los mismos, trabajo en las familias que están destructuradas y buscar normatizadores donde faltan, como es el padre tradicionalmente en una familia nuclear”.

A la vez, adelantó que “está previsto por ley un Centro de Referencia que controlará las medidas que se apliquen, tiene psicólogo, asistente social, un administrativo y un referente que acompañará al joven”.

La magistrada sostuvo que “la respuesta del Estado siempre será acorde a la pena que se cometa. También existe la privación de la libertad para los jóvenes, que debe ser en un determinado contexto, buscando siempre la posibilidad de la no aplicación de la misma”.

“Si se impone un arresto domiciliario, nocturno u otra pena, se lo acompaña para el cumplimiento de la misma, como el caso del Patronato de Liberados para los mayores”, aclaró.

Derechos

y garantías

Por su parte, Silvio Echarri, defensor oficial del nuevo Fuero Penal Juvenil, dijo que “estábamos esperando con mucha expectativa el inicio de las actividades de este fuero, lo que representa una puesta a tono de la legislación penal juvenil bonaerense con la normativa constitucional, la Convención de los Derechos del Niño”.

“En este sentido, la Provincia viene a saldar una vieja deuda con la legislación internacional en la materia, y lo que se hace a través de este Fuero es dotar a los jóvenes que cometieron un delito, de los mismos derechos y garantías que gozan los adultos en el marco del proceso penal, más otros derechos y garantías específicos de acuerdo con su edad y condición de personas en crecimiento”, puntualizó.

En cuanto al sistema, el abogado explicó que “en cuanto a la imputabilidad, este fuero tiene competencia con menores que cometieron delitos entre 16 y 18 años, en delitos que superen los dos años de prisión. Por debajo de los 16 años, corresponde declarar su inimputabilidad legal, algo que está en debate en estos días”.

Sobre su función específica, remarcó que “en esta coyuntura y marco de inseguridad, es una tarea poco grata, pero desde mi cargo trataré de velar para que se respeten los derechos y garantías de los jóvenes en conflicto con la ley penal, que no cuenten con medios económicos para designar un defensor particular”.

“El niño, joven o adolescente tiene los mismos derechos y garantías que un adulto en un proceso penal, más allá del tipo de delito que se trate”, agregó.

Asimismo, el magistrado remarcó que la mira social estará puesta en este nuevo Tribunal, “sobre todo en los primeros tiempos, con este debate social instalado en la baja de la edad de imputabilidad penal, sostenida como respuesta al problema de la inseguridad por el Gobierno de la Provincia, y con lo que se instaló en la opinión pública de que la mayoría de los hechos delictivos son cometidos por menores de 18 años”.

“Por eso, los operadores de este fuero debemos actuar con la máxima responsabilidad y seriedad”, agregó.

Acerca de su experiencia personal en menores, aclaró que hace quince años se desempeña en el fuero de Menores, la mayor parte del tiempo como secretario.

Jóvenes

que delinquen

Finalmente, el funcionario judicial remarcó que “lo que se viene observando en los últimos hechos delictivos ocurridos en la Provincia, cometidos por menores entre 16 y 18 años, es la violencia en los mismos. Esto seguramente genera esta sensación de inseguridad, que es una realidad”.

En lo que hace a los servicios locales que ya están funcionando en el Departamento Judicial Junín, dijo que “tendrán una tarea muy importante, como así también el Centro de Referencia que está encargado de articular y ejecutar los programas destinados a jóvenes en conflicto con la ley penal. En caso que no estén privados de libertad, se busca con medidas socio-educativas que se responsabilicen por los hechos cometidos y tratar de reinsertarlos de una manera útil en la sociedad”.

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