La Justicia investiga a un misterioso funcionario rionegrino

Es Carlos Lorenzati, director de Análisis Delictivo. El juez federal Rafecas pidió su legajo al Ejército.
Su imagen, sus acciones son un misterio. Un halo que se extiende a sus funciones en el gobierno rionegrino.

Se llama Carlos Alberto Lorenzati. Figura como director de Análisis Delictivo de Río Negro.

Su pasado es incógnita. Un secreto que también pretende desentrañar el juez Daniel Rafecas, pues Lorenzati fue señalado por ex detenidas de centros de detención durante la última dictadura.

El juez federal solicitó información sobre Lorenzati al Ejército Argentino.

Lorenzati es un funcionario de directo reporte al gobernador. Miguel Saiz. La estructura oficial de "Análisis Delictivo" no existía hasta que en el 2006 se incorporó a la gestión. Su labor se concentra en el trabajo de prevención delictiva, dice el gobierno.

Pero esa función parece bifurcarse hacia confusas tareas de investigación, ajenas a los esquemas policiales y judiciales.

Análisis Delictivo tiene estructura propia, con personal laboralmente irregular (ver aparte).

A esa precariedad se agrega el audaz destino de investigación que se le diseña desde el área.

Sobran sucesos que detallan un funcionamiento de espionaje o pesquisa marginal del grupo.

Distintas fuentes judiciales y policiales recuerdan investigaciones propias donde los testigos dicen ya haber sido contactados por "policías". La Jefatura reporta un informe diario de "novedades" a la oficina de Lorenzati, hoy reubicado en Seguridad, sobre calle Belgrano. Antes prefería un bunker en Alsina, todavía destinado a los suyos.

El primer contacto de Lorenzati con la Justicia provincial se advirtió en junio del 2007, cuando el gobierno denunció a la UOCRA por destrozos a edificios públicos. El entonces secretario de Seguridad, Miguel Bermejo, se presentó ante el fiscal Ricardo Falca, acompañado por una persona canosa que portaba innumerables fotografías de los hechos. Era Lorenzati.

En el primer trimestre de 2008, la Justicia rionegrina comenzó a investigarlo.

Esa pericia recayó en la fiscal Daniela Zágari después que la jueza federal de Viedma, Mirta Filipuzzi, se declaró incompetente frente a una denuncia del legislador Pedro Pesatti (PJ). Esa presentación se originó en una columna dominical de "Río Negro" que consignaba la tensión en el oficialismo por sospechas del intendente viedmense, Jorge Ferreira, de que había sido grabado por Lorenzati en un encuentro informal con el ex ministro Iván Lazzeri.

Su remisión a la Justicia provincial se encuadró en la ley 4.200 -promulgada en junio del año pasado- que crea "el sistema provincial de seguridad pública". Este expediente recayó en el despacho de la fiscal Zágari.

El ministro José Luis Rodríguez había realizado declaraciones para desestimar cualquier posibilidad de espionaje gubernamental. Salvo sus dichos, Rodríguez poco aportó para esclarecer el presente y pasado de Lorenzati.

La fiscal requirió -en dos ocasiones- documentación a Gobierno para clarificar el rol del funcionario de Saiz. Poca información obtuvo y parece que esa cartera tampoco dispone de demasiada. Todo se reduce a la confianza que el gobernador deposita en su confidente.

Dos funcionarias de Gobierno aportaron informes imprecisos y parciales del legajo del director de Análisis Delictivo. La segunda respuesta que firmó la directora general de Asuntos Legales, María Rita Coutet- sólo consignó documento y fecha de nacimiento, aclarando que respondían a un informe verbal que obtuvo. Un inexplicable misterio oficial.

Recientemente, en su causa por la represión, el juez Daniel Rafecas requirió el legajo de Lorenzati al Ejército.

En plena campaña, el ex jefe de la SIDE y hoy intendente de Roca, Carlos Soria, denunció a Lorenzati por su participación en la represión ilegal. Ese aporte se diluyó en la oportunidad proselistista elegida por el justicialista.

El gobierno provincial -concretamente, Bermejo- respondió entonces que el presunto represor era un homónimo y aportó otro número de documento, distinto al de su funcionario. Esa desmentida nunca resultó suficiente.

Lorenzati llegó a Río Negro por un pedido político. La recomendación fue planteada directamente a Saiz. Hay disparidad sobre quién fue su impulsor, pero todo parece indicar que se trató del ex ministro Enrique "Coti" Nosiglia, viejo operador político, siempre relacionado con la SIDE.

El resto de la inserción provincial fue labor del propio Lorenzati. Pulcro, prudente y de bajo perfil. Su firme predisposición con el poder facilitó su incorporación a la estructura oficial. Atiende y ofrece servicios a cada hombre del poder.

Saiz recibe información directamente de Lorenzati.

El año pasado, el gobernador habló de la sospecha de Ferreira. "No es cierto. No hay que grabar para que a este despacho llegue la información de lo que se dice en una reunión política", afirmó. Insistió en que la función de Lorenzati es la de prevención policial.

Hay dos andariveles en Lorenzati: su pasado incierto y su presente confuso. Desde 1977, plena dictadura militar, su destino es difuso. Toda explicación oficial se remite a su actuación en la SIDE.

Hay testimonios más direccionados. Víctimas de la represión -entre ellas, una docente de Viedma, integrante de la Comisión por la Memoria y ex miembro de la conducción de Unter- entiende que el director de Análisis Delictivo participó en acciones ilegales de fuerzas de seguridad.

Las sospechas se radica en su presencia en el centro de detención "El Atlético". El voluminoso expediente de la represión que tramita Rafecas incluye menciones de Lorenzati, planteando incluso que un policía rionegrino lo señaló -según una testigo identificada en el juzgado- como "represor". Otra víctima atestiguó que la foto de Lorenzati aportada le hizo acordar al "rubio" del centro "El Atlético" por "la forma de la nariz".

Al final, Rafecas requirió el legajo de Lorenzati. Este magistrado concentra la causa que investiga los hechos de represión en jurisdicción del Cuerpo I del Ejército, alcanzando los centros conocidos como El Olimpo, El Atlético y Banco. En esos años, el jefe de ese cuerpo militar era el general Carlos Guillermo Suárez Mason, fallecido hace tres años.

El expediente concentra cerca de 150 historias de víctimas de hechos ocurridos entre 1976 y 1983 en el circuito represivo zonal, con secuestros, torturas, detención en centros clandestinos y asesinatos.

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