LA JUSTICIA INVESTIGA MILLONARIO INTENTO DE ESTAFA CON UN CAMPO

La Justicia entrerriana deberá indagar la posible comisión de delito en una maniobra destinada a apoderarse de la estancia La Croacia, de la Fundación Marangunich, por parte de una empresa radicada en Santa Fe, según la información a la que accedió APF • Se trata de una operación valuada en 7 millones de dólares • El hecho se inició con una denuncia por presunta usurpación presentada de las tierras ubicadas en la zona de Seguí, impulsada por los representantes de la firma santafesina, que la habrían adquirido hace más de una década • Los elementos acumulados en la causa llevaron a la Justicia a entender que los empresarios de la vecina orilla habrían querido cometer una estafa.
La Sala 1º de la Cámara Penal, ordenó al Juzgado de Instrucción Nº 2 que investigue la presunta comisión del delito de estafa procesal en grado de tentativa y usurpación en que habrían incurrido empresarios santafesinos que habían iniciado una causa para desalojar a los arrendatarios de la estancia La Croacia, indicaron a esta Agencia fuentes con acceso al expediente.

El campo, de 1200 hectáreas, está ubicado cerca de Seguí en el departamento Paraná y había sido donado por Alberto Marangunich en 1948 a una fundación que lleva su nombre con el objeto de que el producto que se obtuviese sirviera para la construcción de viviendas para personas de bajos recursos. El consejo de administración de la fundación está integrado por personalidades de la comunidad, como el presidente del Centro Comercial, el miembro más antiguo del Superior Tribunal de Justicia, el intendente de Paraná y el presidente del Banco de Entre Ríos, entre otros.

Este órgano viene arrendando las tierras, valuadas en 7 millones de dólares, desde hace más de 60 años. Pero a fines del año pasado, se presentó en la Justicia una persona identificada como Víctor Copes, alegando que había adquirido en 1995 el predio y pidiendo al Juez Carlos Hugo Ríos que investigue la presencia de intrusos que habrían usurpado La Croacia, a la que denunció como de su propiedad.

Dentro de las pruebas que presentó Copes, como integrante de la sociedad Ganisen SRL (que tiene domicilio en San Jerónimo Sud, provincia de Santa Fe), está un boleto de compraventa rubricado con una persona cuyas iniciales son SF, quien como "apoderado" de la Fundación Marangunich vendió La Croacia en 1995 a $ 650 mil pesos.

El boleto no está sellado por el banco, no tiene fecha cierta, y está realizado en una sola hoja prearmada en computadora y completada a mano con letra manuscrita. Además, el número de DNI de SF que figura en el documento corresponde a una mujer, según la constatación que hizo la Justicia.

Otros instrumentos presentados como factor respaldatorio de la propiedad que reclamaba la SRL santafesina son volantes de Catastro (noviembre de 2007) y de la Dirección General de Rentas (noviembre de 2008), donde consta la inscripción a nombre de Ganisen del predio.

A la par, algunos arrendatarios de las siete parcelas, donde habían sembrado maíz y soja, iniciaron también acciones por usurpación, ya que constataron la presencia de personal y maquinaria enviada por Ganisen en los predios, que no les permitían el acceso a las tierras que habían trabajado hasta ese momento. Y la Fundación Marangunich intervino también, reclamando la titularidad de las tierras.

La Fiscalía del Juzgado Nº 2, a cargo de Lidia Taleb, reclamó que se archive la denuncia de Copes, pero que Ríos abra otra investigación para indagar la presunta existencia de una estafa procesal en grado de tentativa y del delito de usurpación por parte de quien generó la causa.

Pese a los elementos acumulados en la causa y al pedido de Taleb, el Juez Ríos decidió archivar la causa y no investigar el accionar de Copes. Fue la apelación que hizo la propietaria del predio y la Fiscalía ante la Sala integrada por los jueces Raúl Herzovich; Héctor Vilarrodona y Miguel Ángel Giorgio, lo que llevó a que el Tribunal dé al magistrado la orden de abrir la causa.

Asimismo, la Fundación Marangunich pretende que se investigue la falsificación de la documental pública, no por porque no los papeles sean falsos, sino porque fueron obtenidos de manera irregular.

Por eso, ahora Ríos deberá iniciar acciones contra Copes y quien figura como su socio en los papeles, Alberto Ricardo Casareto (también con domicilio en San Jerónimo), por la presunta comisión de los delitos antes expuestos.

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