La Justicia ya investiga si en Gamsur hubo irregularidades

Los concejales Novo y Scoppa hicieron una presentación tanto en los Tribunales provinciales como en el Juzgado Federal. Pidieron que se determine si se perjudicó al Municipio con el cálculo de mayores costos y si hubo evasión impositiva. En los próximos días, la Fiscalía empezará a pedir documentación.
En la Justicia Federal y en la Provincial ya investigan la denuncia que ayer presentaron dos concejales de la oposición, Eduardo Scoppa y Enrique Novo, por las presuntas irregularidades que reveló el Tribunal de Cuentas después de hacer una auditoría en Gamsur. Según el órgano de control, hubo maniobras desde la empresa mixta para cobrarle al Estado local 12,6 millones de pesos por mayores costos a pesar de que, en realidad, la cifra era de 5,4 millones de pesos.

Ayer, los jefes de los bloques de la Coalición Cívica y el Frente de la Gente se presentaron en la Fiscalía de turno, a cargo de Fernando Moine, y también en el Juzgado Federal de Carlos Ochoa. Allí los recibió el propio magistrado.

Novo y Scoppa no denunciaron la presunta existencia de un delito sino que se limitaron a pedir que, a partir de las irregularidades que apuntó el Tribunal de Cuentas, los dos fueros determinen si pudo haber una conducta irregular y penada por la ley.

Ayer mismo en la Fiscalía señalaron que en los próximos días irán pidiendo documentación y pruebas para avanzar en la investigación. Lo que está en discusión no es solamente si Gamsur infló sus números para cobrarle más de 12 millones de pesos al Municipio por los mayores costos de 2008; además, los concejales opositores reclaman que también se pongan bajo la lupa los pagos que se hicieron durante la gestión de Benigno Rins. "Se solicita por esta vía que se investigue si los gastos declarados por Gamsur S.E.M. se corresponden a la realidad acaecida, no sólo del año 2008 sino de los períodos anteriores y por el término de prescripción de la acción penal que pudiere corresponder. Solicitan que, en caso de que se acredite alguna conducta tipificada en el Código Penal de la Nación, se inicie la correspondiente acción penal en contra de los supuestos responsables", dice la denuncia que recibió Moine.

A Ochoa le pidieron que la investigación se centre en la cuestión impositiva porque podría haber existido evasión y, por lo tanto, un delito tipificado en la Ley Penal Tributaria.

La decisión de los dos concejales tuvo amplia repercusión y generó fuerte malestar en el oficialismo. Scoppa contestó con sarcasmo. "¿Qué tanto problema hay en que actúe la Justicia? Si es así, entonces hay cola de paja", disparó el representante de la Coalición Cívica.

Una de las irregularidades que denunció el Tribunal de Cuentas fue que en la auditoría se descubrió que un adicional salarial que Gamsur intentó facturarle durante 13 meses al Municipio, en realidad, se pagó sólo una vez. Además, el órgano de control puntualizó que las horas extras que contabilizó la empresa mixta sobrepasaron los límites legales.

"Llevamos el caso a Tribunales porque es nuestro deber como funcionarios. Si advertimos una presunta irregularidad, debemos pedir al fiscal que determine si hubo perjuicio a la administración local y al juez federal que investigue si hubo perjuicio al fisco nacional por presunta evasión", manifestó el concejal del FreGen.

Además de ir a la Justicia, Scoppa y Novo presentaron ayer un proyecto en el Concejo para que se cree una comisión investigadora que revise los mayores costos que se pagaron durante la gestión Rins, entre 2005 y 2007, tanto a Gamsur como a Semiusur.

Hasta ahora, el oficialismo y el PJ han manifestado su desacuerdo.

Críticas a los síndicos y directores del Estado

Una comisión investigadora del Concejo Deliberante no puede determinar si algún funcionario cometió un delito pero sí establecer responsabilidades políticas. Por eso, los concejales Enrique Novo, del Frente de la Gente, y Eduardo Scoppa, de la Coalición Cívica, propusieron que se cree una comisión legislativa que revise los mayores costos que 2005, 2006 y 2007 que cobró la empresa mixta Gamsur por la recolección de residuos y el mantenimiento del alumbrado.

Además, los concejales plantean que se faculte al Tribunal de Cuentas para ampliar la auditoría a esos años.

En los fundamentos del proyecto, Novo y Scoppa cuestionan la falta de acción de los directores que representaron a la parte pública en Gamsur y a los síndicos encargados del control.

"Evidentemente, no sería necesario someter a procesos de auditoría ni investigación a la empresa si los representantes públicos (directores y síndicos) estuvieran abocados profundamente al conocimiento de las actividades que realiza la empresa y sus respectivos costos de funcionamiento, y a la vez los mismos fueran puestos a disposición pública. Igualmente evidente resuelta que los representantes públicos han confundido los intereses que defienden: las ganancias de la empresa o el control de los costos y la calidad del servicio contratado por el Estado", dicen los fundamentos.

Diego Thommen, síndico propuesto por el justicialismo, manifestó que no es su tarea el control de los mayores costos. "Nosotros controlamos que se apliquen las ordenanzas y las leyes. Controlamos que el acto de los mayores costos no estuviera viciado de ilegalidad y así fue. Por otro lado, la registración se hizo de acuerdo a las normas contables. Somos síndicos y no representamos los intereses de ninguno de los socios", dijo Thommen.

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