La Justicia ya investiga las denuncias por obras en Tartagal

Fabricio Carrasco fue acusado por un plomero, quien dijo que utilizó sus talonarios para facturar servicios al municipio local.
El fiscal penal de turno Pablo Cabot promovió una acción penal contra el tenedor de libros y conocido gestor de Tartagal, Fabricio Carrasco, que la semana anterior fue denunciado por Martín Almaraz, un plomero que asegura que Carrasco utilizaba sus facturas para cobrar por servicios que un tercero realizaba para la Municipalidad de Tartagal.

La requisitoria pasó al juez penal de turno, quien deberá decidir si se avoca o no (si considera que hay o no un delito) a la instrucción.

Las actuaciones del fiscal Cabot pasaron al juzgado de Instrucción Penal 1, cuyo titular es el juez Nelso Aramayo, pero el magistrado decidió excusarse por su amistad con el denunciante Martín Almaraz, quien habitualmente realiza trabajos para el funcionario judicial.

El intendente Sergio Leavy ordenó la realización de una auditoría ante la supuesta malversación de fondos.

Cuando las actuaciones pasaron al otro juzgado de Fernando Mariscal, éste juez rechazó la inhibición de Aramayo por considerarla insuficiente, por lo que será ahora la Cámara -un órgano superior a los jueces penales- quien decida cuál de los magistrados llevará adelante la compleja investigación.

Por el momento, según lo confirmó el fiscal Cabot a este medio "el único imputado por el supuesto delito de estafa es Fabricio Carrasco". Pero el representante del Ministerio Público no descartó que cuando se inicie la etapa de instrucción sean varios los involucrados.

Cabot explicó que por el momento la investigación deberá abocarse al supuesto delito de estafa, pero no descartó que las actuaciones puedan pasar también a la Justicia federal. Es que el denunciante, el plomero Martín Almaraz, factura como responsable inscripto (gran contribuyente) a pesar de tratarse de un obrero "cuentapropista".

Sus documentaciones -según su denuncia penal- fueron utilizadas para facturar trabajos que realizaba para la Municipalidad de Tartagal un empresario local dedicado al alquiler de maquinarias pesadas. Maniobra que habría sido facilitada por el ahora imputado Fabricio Carrasco.

Los duros cuestionamientos que Leavy recibió por parte del canal de cable y una radio local, sumados a la comisión investigadora que conformó el Concejo Deliberante, lo llevaron a tomar la decisión de suspender toda la obra pública de Tartagal, en la que trabajan unos 3.500 personas, desocupados que conformaron 17 cooperativas y que prestan servicios para 40 PyME locales.

La paralización de los trabajos podría extenderse por varios meses hasta tanto la Sindicatura General de la Provincia audite las cuentas municipales y hasta que un estudio contable defina todos los pasos de rigor a seguir, según anunció el propio jefe comunal.

Comentá la nota