La Justicia ya investiga los abusos en el Ipesa

El informe sobre lo que ocurre en el Instituto para menores y en los Hogares de Tránsito causó un fuerte impacto en ámbitos políticos y judiciales. Se abrieron sumarios en el M.B.S. y la F.I.A.
El fiscal de turno, Carlos Ordas, impulsó una investigación penal sobre los maltratos y abusos denunciados en el Instituto Provincial de Educación y Resocialización de Adolescentes y los Hogares de Tránsito, a partir de una artículo publicado ayer en LA ARENA. Esa no fue la única derivación de la gravísima denuncia, ya que también se abrieron expedientes administrativos en el Ministerio de Bienestar Social y en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

El informe al que tuvo acceso este diario -cuya autoría se adjudicaron "operadores y personal profesional"- detalla tan específicamente lo que ocurre en esos institutos dependientes del M.B.S., que Ordas directamente promovió la acción penal sin instruir un sumario previo. La causa se abrió en el Juzgado de Instrucción 3, a cargo de Laura Armagno.

La denuncia habla de maltratos físicos, abusos sexuales y encierros con colocación de esposas en perjuicios de los menores, como así también de la falta de abordajes terapéuticos adecuados y el encubrimiento de los eventuales delitos. "El Ipesa es un depósito de niños que tienen pocas posibilidades de aprendizajes positivos", expresa una de los párrafos del escrito.

El informe apunta específicamente a un grupo de autoridades: Carlos San Miguel, director del Instituto; Silvia Alvarez, responsable de los Hogares de Tránsito de Varones y Mujeres; Mirta Moreno, ex encargada del Hogar de Varones; la psicóloga Julieta Bono y los operadores Gabriel Cruz y Florencia Bompadre. También el anónimo pide que la justicia llame a declarar a todos los operadores y el resto del personal del Ipesa y de los Hogares y a quienes fueron desafectados de esos lugares.

Armagno daría alguno de esos pasos en las próximas horas porque entre las medidas probatorias requeridas por Ordas figuraría el listado de las autoridades y los empleados para saber quién es quién dentro de los organismos.

La noticia causó tal impactó en los ámbitos políticos y judiciales que a los funcionarios no les quedó otro camino que acudir a la fiscalía de turno. A media mañana lo hizo el secretario provincial de Derechos Humanos, Rubén Funes, y después de las 13, la jueza de la Familia y el Menor, María Cristina Baladrón. Ambos recibieron el lunes el mismo escrito que llegó a LA ARENA. Baladrón, incluso, habría entregado alguna documentación adicional ya que varios de los menores internados están judicializados.

Paralelamente, Funes entregó copias del trabajo a la ministra de Bienestar Social, María Cristina Regazzoli, y por un pedido expreso al fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola. Ellos abrieron dos expedientes administrativos de oficio.

"La denuncia llegó el lunes. Nunca había escuchado algo así. Periódicamente visitamos los lugares donde se encuentran alojados los menores y nunca habíamos escuchado una denuncia de esta naturaleza. De haber sido así, en mi condición de funcionario estoy obligado a denunciarlo", dijo Funes.

Drogas y sexo.

El texto habla de menores "brutalmente golpeados", de introducción de drogas y de al menos tres chicas embarazadas. A propósito de ellas, se denunció que algunas fueron enviadas a los propios ámbitos familiares adonde habían sido abandonadas y que otras reciben dinero o cigarrilos a cambio de favores sexuales que ofrecen en las inmediaciones del Hogar de Mujeres, ubicado en la calle Falucho.

Uno de los casos más graves entre los varones es el de M.I., quien habría sido abusado en reiteradas oportunidades en el Hogar de Varones de la calle Pío XII, luego de que se desoyeran las sugerencias de operadores. El abusador, identificado como T.C., también se habría propasado con J.L.E.

Los denunciantes precisaron la situación de otros dos menores que, ante un síndrome de abstinencia por su adicción a las drogas, fueron encerrados durante 10 días en una habitación de tres metros por dos, donde debían hacer sus necesidades y hasta bañarse.

"Llama un poquito la atención"

Ningún funcionario de la Casa de Gobierno, al menos con alguna responsabilidad política, reconoció ayer estar enterado de las irregularidades en los institutos provinciales dedicados a atender a los menores en conflicto con la ley o con serios problemas familiares. Obviamente, si lo hacían, hubieran quedado en evidencia al no cumplir con la ley que los obliga a denunciar toda irregularidad cometida en el ámbito del estado.

A primera hora de la mañana de ayer, la ministra de Bienestar Social, Cristina Regazzoli, como responsable de la cartera que contiene a todos los organismos de la Provincia encargados de esa tarea, prefirió el silencio. A través de su secretaria, informó que estaba dedicada a una serie de audiencias y que más tarde debía viajar a localidades del interior provincial.

Por el lado del Ipesa, su director Carlos San Miguel se encontraba en una provincia del norte argentino. Según fuentes del instituto, goza de unos días de licencias tras varios años de no tomarse vacaciones.

El primer funcionario en hablar públicamente sobre la denuncia fue el subsecretario de Política Social, Pedro Freidenberger. Se mostró sorprendido por el artículo de este diario y defendió la tarea que se realiza en la atención de los menores: "Trabaja gente con muchas ganas, sensibilidad; la directora de Niñez y Adolescencia (Alicia Echeveste) y el director del Ipesa constantemente están en contacto con ellos, por eso nos llama un poquito la atención".

" Estamos convencidos de que debemos extremar los recaudos, no sabemos si se debe a una denuncia con alguna intención, pero de cualquier forma vamos a actuar en consecuencia".

Entre Hogares y el Ipesa, la Provincia tiene a su cargo 60 menores. "En los hogares (tanto para varones como para mujeres) los chicos llevan una vida normal, van a la escuela y desarrollan actividades siempre acompañados por operadores, por personal técnico y auxiliares, y bajo la supervisión de la Dirección de Niñez y Adolescencia y del Ipesa", expresó Freidenberger.

El subsecretario pidió tiempo para "ponerme al tanto" de la denuncia, pero resaltó que las instituciones dedicadas a la atención de menores "están bien, tenemos las condiciones de alojamiento muy buenas".

"No quiero hablar mucho del tema porque no me ha llegado la denuncia y cuando la tengamos vamos a avanzar. Por supuesto que nos ocupamos de todo esto; el Ministerio de Bienestar Social se ocupa, la Subsecretaría de Políticas Sociales se ocupa, como también las Direcciones de Acción Social y de Niñez y Adolescencia", agregó el funcionario.

Comentá la nota