La Justicia intimó a la AFIP -que dirige Mercedes Marcó del Pont- que reconstruya el legajo por la deuda que Oil Combustibles, la empresa de Cristóbal López, de 8 mil millones de pesos en impuestos no pagados. Además, le dio 5 días de plazo al organismo fiscal para que envíe toda la documentación original del caso.

En una resolución firmada ayer la jueza de la quiebra de Oil, Valeria Pérez Casado, sostuvo que el estudio de contadores Capurro, Rossello, Zaragoza” (ex síndicos de la causa Oil) “han incumplido la intimación ordenada por el Tribunal en tanto el aporte documentario luce manifiestamente incompleto”.

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Entonces, la magistrada ordenó “la reconstrucción del legajo que responde al crédito reclamado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), tanto en su faz concursal como asimismo en la falencial”.

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La decisión de la jueza tiene importancia tanto en la causa de la quiebra de Oil, una de las empresas clave del empresario K, como en el juicio oral en el que se reclama a él y su socio, Fabián De Sousa la devolución de esos 8 mil millones de pesos de impuestos a los combustibles retenidos y no pagados.

Además, la jueza intimó a ese estudio para que “dentro de las veinticuatro (24) horas informe qué medidas ha arbitrado a los fines del efectivo cumplimiento de lo dispuesto bajo apercibimiento de ley”.

El martes, reservó en el juzgado de Pérez Casado el material acompañado por el estudio de contadores “Capurro, Rossello, Zaragoza” que consta de “elementos sin foliar que comienzan con el Certificado de Deuda Nº020/40.023/01/02/03/2016 y finaliza con el Detalle de Pagos fecha de consolidación 01/03/2016”.

La jueza Pérez Casado informó de sus decisiones al tribunal oral federal 3 (TOF 3), que juzga a López y De Sousa y al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y a la Corte Suprema de Justicia.

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Luego de 22 meses de prisión preventiva dispuesta por el juez federal Julián Ercolini, López fue excarcelado y luego participó del acto de asunción de Alberto Fernández, el 10 de diciembre pasado.

Ayer en Twitter, Cristóbal López negó que se hubiera perdido documentación sobre la quiebra de Oil ante una nota del diario La Nación.

La jueza Pérez Casado al confirmar la remoción de los síndicos dijo sobre los documentos: "Para el proceso universal (es decir, en el expediente de un concurso o una quiebra), el único original es el legajo formado con el pedido verificatorio”. De hecho, “si éste se perdiera o fuera alterado de algún modo, no habría manera de saber si lo que acerca luego el acreedor es exactamente lo mismo que existía a la hora de formarse el mismo". El legajo es clave tamb ién para, por ejemplo, determinar la deuda exacta que Oil mantiene con la AFIP.

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Según La Nación “los síndicos también quedaron bajo la lupa judicial porque una vez removidos de sus cargos fueron más lejos. Aprovecharon una laguna en la resolución y radicaron una demanda contra la AFIP en un expediente colateral que inició otra empresa de López y De Sousa, Inversora M&S”. La “eventual desaparición del "legajo" de la AFIP se detectó a mediados de febrero, cuando llegó al Juzgado en lo Comercial N° 5 un oficio del Tribunal Fiscal, que solicitó acceder a toda la documentación respaldatoria del reclamo de la AFIP, y la jueza le ordenó a los síndicos, que integran el estudio "Capurro, Rossello y Zaragoza" que entregaran ese material "dentro del plazo de 72 horas"”.

La respuesta de los síndicos fue que hace ocho meses “le habían entregado el "legajo" a Alberto Spota , uno de los abogados de Cristóbal López, para que avanzara con el peritaje contable dispuesto por el Tribunal Oral que juzga a los empresarios y al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray”.

Entonces, la jueza Pérez Casado dispuso la inmediata remoción de los síndicos. Ese legajo, les recordó en su resolución, "es medular tanto para las controversias suscitadas en este fuero (por el Comercial), como las que se ventilan en la Justicia represiva (por la Penal). Y ello, obviamente, no escapa al conocimiento de la sindicatura que tiene a través de sus integrantes el deber personal e indelegable de su custodia".

En esa misma resolución, la jueza remarcó que los síndicos ya habían acumulado otras conductas reprochables en el expediente de Oil, por las que habían recibido apercibimientos, llamados de atención y multas. Entre ellas, "la exhibición de actuaciones reservadas a interesados no autorizados a verlos".

A su vez, la perito Melzi se presentó en el Juzgado y devolvió la documentación que tenía, pero el Juzgado corroboró que el legajo de la AFIP sigue incompleto. Por eso, la jueza Pérez Casado intimó a los síndicos removidos a que entreguen lo que falta, en el plazo de 48 horas, "bajo apercibimiento de adoptar las medidas que se estimen pertinentes".

Las maniobras K contra La Nación recrudecieron la semana pasada. La vicepresidenta Cristina Fernández resaltó en Twitter el 4 de marzo la "necesidad" de "volver a poner a la Justicia en la senda que la República le impone", al advertir que el lawfare "se instaló en la Argentina y en la región". En una serie de tuits, la ex mandataria reseñó que "un conocido periodista (Carlos Pagni) acaba de 'informar' (claro que cuatro años después) que en el año 2016 el diario La Nación estuvo a punto de dedicar una tapa de domingo a los jueces de Comodoro Py que no habían 'perseguido' a funcionarios de nuestros gobiernos".

En una jugada coordinada. El ex director de la SIDE y diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Rodolfo Tailhade denunció ante la justicia al juez Julian Ercolini por prevaricato y por la supuesta privación ilegal de la libertad de Jaime y reclamó que "se cite a declarar (como testigo) al periodista Carlos Pagni". La denuncia cayó por sorteo ante el juzgado federal doce, subrogado por el juez Rodolfo Canicoba Corral, y ante el fiscal Guillermo Marijuan. Este fiscal pidió hoy medidas preventivas como la situación judicial de Jaime antes de decir si le da impulso fiscal a la denuncia de Tailhade.