El Fiscal Coordinador, Mauricio Derudi, dispuso el 28 de febrero que la fiscalía a cargo de Sergio Rondoni Caffa, tramite la denuncia penal que concretó Eduardo García Jurado, a la que se acumularon similares presentaciones de Marcelo Arnolfi y de los abogados de la Asamblea Ciudadana Ambiental Luis Leissa y Andrés Sobredo, quienes dieron cuenta que en diferentes lugares de Pueblo General Belgrano y en Gualeguaychú, sufrieron en su salud los efectos del funcionamiento de la planta Botnia-UPM.

“Como es de conocimiento, dicha afectación de la salud pública sufrida por gran cantidad de habitantes de las localidades de Pueblo General Belgrano y Gualeguaychú, en la mañana del viernes 28 de febrero, provocó que más de cien ciudadanos se presentaran en la Capitanía de los Galpones del Puerto, donde funciona la Secretaría de Medioambiente de la Municipalidad de Gualeguaychú. En dicha oficina, los denunciantes suscribieron acta de denuncia administrativa, y parte de ellos certificaron los efectos nocivos del funcionamiento de la planta aludida, por médicos particulares, médico forense y del Hospital Centenario”, describe el comunicado de prensa enviado desde la Justicia.

“Quienes concretaron la denuncia penal, en primer término reafirmaron la afectación de la salud pública y la obligación de intervenir por parte de la Justicia Federal y organismos competentes, atento a que los efectos de las emanaciones gaseosas, afectan toda una zona inter jurisdiccional, que en este caso comprende la margen derecha del río Uruguay”, se argumentó.

“La Fiscalía, con un criterio de practicidad, se encuentra concretando verificaciones a través de organismos públicos y por intermedio de los mismos denunciantes, todo ello, tendiente a corroborar básicamente los hechos, para luego determinar si corresponde la competencia Federal en razón de la materia y el territorio”, finaliza el comunicado de prensa.

Del mismo modo, la Municipalidad de Gualeguaychú también indicó que el miércoles elevó notas a la Comisión Administrativa del Río Uruguay (CARU), aunque en su momento no la dio a conocer públicamente.

“Tenemos un protocolo y cuando se detectan estos hechos actuamos de rutina”, explicó Noelia Indart, titular del área Ambiental de la Municipalidad.

La funcionaria explicó que se elevaron notas solicitando la intervención a la Cancillería, a la CARU, y al secretario de Ambiente de la Nación, Omar Vicente Judis. Incluso a este último organismo se le recordó acelerar el proyecto presentado de manera conjunta con la Provincia para tener un control del aire a nivel local y que ya había sido acordado el año pasado.

Indart insistió que siempre ante hechos de estas características presentan pruebas a los organismos nacionales y piden la intervención.

Pero lo cierto y concreto es que la comunidad jamás ha conocido siquiera una devolución sobre los resultados y denuncias que se han elevado y demás está decir que se desconoce también la intervención que han realizado.

La última vez que el canciller Héctor Timerman habló del tema UPM de manera pública, fue en el escenario electoral del 27 de octubre del año pasado, luego guardó un pacato silencio. Y con respecto a los integrantes de la delegación argentina ante la CARU, también guardan un disciplinario y vertical silencio que sirve de paraguas protector para Botnia UPM.

Y con respecto a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se desconoce la devolución de los informes que se le han elevado, aunque sí se conoce la respuesta que ha dado a los pedidos de intervención: nula.

Directivas. El 30 de agosto de 2010 ambos gobiernos firmaron la llamada Directivas para el monitoreo conjunto de Botnia-UPM y el Río Uruguay. Allí se dice que el Comité Científico que depende de la CARU deberá elevar a ese organismo un informe mensual. Es una pena que ese informe también sea ocultado a las comunidades ribereñas, máxime cuando están en juego derechos humanos básicos y elementales como el derecho a la Salud y a vivir en un ambiente sano.