El gobierno provincial y el Poder Judicial comenzarán a trabajar en una ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.

La conclusión llegó luego de siete encuentros entre las partes en los que se buscó darle solución a las salidas transitoria de internos por delitos sexuales, que en la actualidad se realiza sin las medidas de seguridad correspondientes.

“Estamos llegando a la conclusión que es casi indispensable y necesario de que vamos a tener que redactar nuestra propia ley, teniendo en cuenta principios y parámetros ya dictados en cuanto a derechos de mínima por esta normativa nacional”, reveló a La Mañana de Neuquén el ministro de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, Gabriel Gastaminza.

La ley

Los artículos tres y cinco de la Ley Nacional 26.813 (modificó a la 24.660 a principios de año) establece que los internos para sus salidas transitorias deben usar un dispositivo electrónico de control (pulsera) o ser acompañados por un agente de seguridad.

Un requisito que hasta el momento no se cumple y que, por ende, motivó que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ordene la creación de una mesa de interpoderes para encontrar una solución (ver escenario).

La negativa del Ministerio de Seguridad a acatar la ley se sostiene, principalmente, en dos argumentos. Por un lado, Gastminza cree que no es aplicable porque de trata de una ley nacional sobre una cuestión propia de reglamentación provincial.

En este sentido, sostiene que Neuquén tiene facultades para “reglar la ejecución de la pena con el presupuesto mínimo de la norma nacional”.

Sobre el futuro armado de la ley provincial, Juan Galárraga, director general de Asuntos Penitenciarios, dijo que la ley “tiene que ser complementaria y no haber contradicciones” con la nacional.

Cuestión de costo

El otro aspecto que impide el cumplimiento de la ley pasa por una creencia del Ejecutivo neuquino de que las pulseras no cumplían con su fin último que es la no reincidencia del interno.

“Por como está redactada la ley nacional difícilmente podría evitar casos de reincidencias. Lo único que puede hacer la pulsera es saber si una persona, a una hora puntual estuvo en el lugar del hecho a través del GPS. Nada más que eso”, enfatizó Gastaminza.

A esto se agrega un tercer aspecto asociado al costo anual del dispositivo electrónico que rondaría los $3 millones anuales “No se puede aplicar la ley para 100 personas porque se tendría que destinar el dinero de los impuestos de doña Rosa”, dijo el ministro provincial.

“Hay argumentos fácticos y jurídicos de fondo y forma para parar la pelota y plantearle este escenario al Poder Judicial, que compartió nuestra mirada y en consecuencia se hizo la mesa de trabajo de interpoderes. Tenemos este material y decimos: redactemos algo que sea superador a esto”, señaló el titular de la cartera de Seguridad.