Queda poco más de un mes antes del receso legislativo de enero y el oficialismo quiere liquidar varios proyectos antes de 2017. Los temas van desde el ámbito de la Justicia hasta la información pública. Y mientras algunos proyectos ya tienen media sanción, otros todavía esperan el análisis de las comisiones.

Por lo general, diciembre es cuando predomina el análisis sobre temas presupuestarios, pero este año ya se aprobó el gasto de 2017 y más de uno se pregunta qué harán ahora los legisladores hasta el receso.

La misma vicegobernadora Laura Montero, a cargo de la Legislatura, respondió a Los Andes que aún queda mucho por hacer, en lo que concuerdan varios de los propios legisladores.

Un proyecto vinculado a la Justicia es la implementación del Código Procesal Penal en toda la provincia, ya que el nuevo sistema acusatorio no se aplica en la Zona Sur ni en el Valle de Uco. Otro, es la creación de la Octava Cámara del Crimen de la Primera Circunscripción (Gran Mendoza), transformando lo que hoy es la Cámara Penal de Apelaciones y dando a las otras la potestad de trabajar apelaciones.

Esos dos proyectos ya fueron avalados por el Senado y podrían tener su sanción final esta semana. De todas formas, desde el PJ dudan de cómo se podrá avanzar con el presupuesto aprobado, puesto que al parecer no contemplaría fondos extras para expandir la implementación en caso de ser necesario.

Un tema que viene ocupando mucho espacio en las sesiones es la violencia de género y en ese aspecto hace días se dio media sanción a cuatro iniciativas. Ellas van desde hacer imprimir en todos los comprobantes el teléfono 144 de denuncia, hasta la creación de Centros de Abordaje del Agresor, pasando por un sistema georreferencial de monitoreo electrónico.

Con menos prioridad están las iniciativas sobre diversión nocturna. Aquí hay tres que analiza Diputados con autoría de Pablo Priore (PRO), Guillermo Pereyra (FR) y el propio Ejecutivo. Venta de alcohol, responsabilidad de los padres y horarios de locales bailables son los puntos a definir.

Dos iniciativas que apoya con fuerza Montero pero que aún no han conseguido una primera sanción se vinculan a la idea de “gobierno abierto”. La primera es la ley provincial de acceso a la información pública, un tema que retomó impulso con la aprobación de la ley nacional en setiembre pero que no avanza en Mendoza. La segunda es la ley de ética pública (ver aparte).

Hay una tercer iniciativa de la vicegobernadora que aún no entra a la Legislatura: la ley procesal de familia y violencia familiar. Después de coordinar el trabajo con juristas y distintos organismos, envió el proyecto al Ejecutivo para que lo trabaje. “Sería muy bueno que se presentara. Ordena todo el sistema procesal, lo adapta al nuevo código y tiene que ver con la violencia”, resumió.

Otra iniciativa que ningún legislador mencionó pero que dará que hablar es el proyecto de seguro agrícola obligatorio. La propuesta del Ejecutivo plantea que quienes estén inscriptos en el Registro de uso de la Tierra deberán pagar para financiar las ayudas por contingencias climáticas. Si bien algunos pueden pedir no abonar, los morosos serían excluidos de programas del gobierno.

Cerca de la mitad de las iniciativas mencionadas no tienen aún despacho de comisiones. Los tiempos y las prioridades dirán cuáles saldrán antes de 2017 y cuáles dormirán al mismo tiempo que descansen los legisladores.