En efecto, las maniobras tendientes a renovar imputaciones acerca de supuestas retenciones indebidas de DNI y encierros de votantes indígenas, las que se transformaron en una medida cautelar promovida por la APDH local, fue desestimada por la jueza Federal, con competencia electoral, Zunilda Niremperger.

Es que las acusaciones de gente de la APDH como Ismael Rojas y Elvira Berta El Gandur, con el patrocinio de la abogada Roxana Silva, acerca de que se violaron “los derechos constitucionales y humanos de aborígenes en comunidades como la de Misión Tacaaglé, La Primavera, Las Lomitas e Ingeniero Juárez, hizo que efectivos de Gendarmería investigaran exhaustivamente en cada lugar, sin hallar vestigio alguno de lo que se denunciara.

Incluso la magistrada al solicitar a los denunciantes precisiones que conduzcan a una investigación concluyente, estos no pudieron hacerlo e incluso terminaron sembrando más dudas. Ante esto y los informes de los gendarmes que no encontraron indicio alguno de todo lo que se denunciara, la jueza rechazo de plano la denuncia.

Es más, hasta desestimo supuestas maniobras de dirigentes del peronismo en pos de captar adherentes con bolsas de mercaderías, a lo cual incluso no fueron pocos los que señalaron a esta gente de la APDH que ninguno de ellos, siquiera tino a una declaración, y mucho menos una denuncia, cuando una vecina de Potrero de los Caballos, públicamente exteriorizo acerca de la horda de radicales que bajaban colchones y centenares de cajas con productos de consumo básico para entregar a quienes le aseguraran el voto de la familia.