"¿Justicia de faltas o falta de justicia?"

El Código de Faltas propuesto por Stornelli y Scioli en los inicios de noviembre cuenta ya con numerosas críticas. Un jurista de la Asociación de Pensamiento Penal Argentino y uno de los directores del CELS hablaron con EL POPULAR y advirtieron que no será la salida a la inseguridad. Otros actores, como el Colegio de Abogados de Azul y el intendente José Eseverri, prefirieron no opinar por no haber leído aún el proyecto.
Diez a veinte sueldos de un oficial de policía al cuidacoches. Diez a quince, para el que sorprendan tomando alcohol en la vereda, por ejemplo. Otros diez o quince, para el que encuentren haciendo una pintada. Arresto de 30 días para "el que mendigare" o el que "el que habitare sin motivo razonable en bosques, playas, lugares descampados, plazas, parques o en cualquier otro sitio no adecuado para la vivienda humana". Estas son apenas, unas escasísimas perlitas, dentro del proyecto de nuevo Código de Faltas que propone el gobernador de la Provincia, Daniel Scioli.

Una vez más, el país asiste azorado a una serie de crímenes aberrantes en donde el robo de autos tuvo mucho que ver y la mirada del gobernador, en cambio, está apuntando para otro lado. Su propuesta de más poder a la policía se traduce en persecución y sanción a un sector muy determinado de la sociedad. Y el Estado, el mismo que no fue capaz de promover trabajo y de asegurar condiciones de vida digna para millones, luego sale a perseguir, por ejemplo, que se viva en un "sitio no adecuado para la vivienda humana". Ejemplo claro: ¿alguien recuerda, por casualidad, a Fermín, aquel viejo vagabundo que dormía en una pileta más allá de la cancha de golf que murió en medio de un invierno crudo? Si Fermín viviera y siguiera teniendo la pileta como casa, hubiera sido sancionado a un hotel de lujo: un calabozo de la comisaría primera.

¿Alguien puede acaso suponer que el Código de Faltas vigente es de avanzada? De ser así, está absolutamente errado. Porque, de hecho -como definió el jurista Mario Juliano en entrevista por 98POP- "el Código de Faltas ya existente data de 1973, sancionado en las postrimerías de las postrimerías de la dictadura conocida como la Revolución Argentina y nunca fue modificado. Tiene figuras absolutamente prejuiciosas, sexistas, que tienden a agravar la exclusión". De hecho, ya Juliano lo advierte en su libro "¿Justicia de faltas o falta de justicia?" (tomado prestado para el título de esta nota).

Si bien el tema es de enorme relevancia, fue infructuoso el intento de contar con la opinión del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Azul. El presidente, doctor Luis Miralles, se excusó diciendo que aún no ha sido analizado. Tampoco se pudo contar con la opinión del intendente, José Eseverri, en cuyo territorio entraría la aplicación, porque no había tenido acceso a la letra del proyecto.

Ahora: este Código de Faltas ensalzado por Scioli ya estará fracasando desde un inicio si se insiste en presentarlo como una de las herramientas tendientes a combatir la inseguridad en un contexto de fuerte reclamo social y de enorme protagonismo de figuras mediáticas que así lo exigen. Juliano, con treinta años en el Poder Judicial, analizó que "tenemos toda la sensación de que con esta idea del gobierno provincial de dar herramientas para que la policía gane la calle, lo que se hace es dar un paso policial político a través del cual el gobierno le está soltando las manos a la policía para que tengan vía libre en la calle a cambio de garantizar al costo que sea la seguridad y la tranquilidad".

-¿Resuelve la inseguridad?

-Esta experiencia del endurecimiento de la legislación penal ya se ha probado. Sucedió en 1999-2000 con las leyes de Ruckauf impulsadas por el entonces ministro de Justicia, Jorge Casanovas, que terminaron en una catástrofe humanitaria como fue el encarcelamiento masivo de personas. Y que finalmente motivó que la Corte tuviera que dar un fallo muy severo, el famoso fallo Verbitsky, ordenando a la provincia de Buenos Aires que adecuara su legislación interna a los estándares internacionales. Como si esto fuera poco, en 2004 los argentinos cargamos con las leyes Blumberg que nos implicaron un notable agravamiento de las penas. Entonces yo creo que estamos corriendo detrás de los acontecimientos, detrás de los efectos pero nunca yendo a las causas que provocan la inseguridad.

Desde la Asamblea del año XIII

Gustavo Palmieri, director del Programa de Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), dijo a EL POPULAR que "es un proyecto autoritario pero al mismo tiempo retrógrado. Todas las provincias estaban en una tendencia diferente, que apuntaba a modificar los códigos contravencionales y profundizar las garantías. Mientras que el planteo legal de la provincia de Buenos Aires es todo lo contrario: Generar figuras abiertas, sin ningún tipo de garantías, apuntando a la población menor de edad, cuando el problema de inseguridad y violencia en la provincia, no pasan por ahí. Por el contrario. Esto refuerza el poder de algunas instituciones cuando lo que está fallando es el esquema de seguridad. Obviamente esto va a ampliar ciertas redes de extorsión, de corrupción y de violencia, entre redes del delito y la policía".

Para el CELS lisa y llanamente significará ampliar figuras muy peligrosas. "El proyecto plantea la figura del merodeo. Es una figura que ya la Corte declaró inconstitucional. Pero se la puede seguir usando porque la declaración de inconstitucionalidad no impide que se detenga a una persona. Y que pueda jugar con la arbitrariedad que esta figura implica. Porque la persona después no va a ser condenada pero las detenciones sin motivo continúan", agregó Palmieri.

El aporte de Mario Juliano, en ese sentido, apunta a que el merodeo está hablando de "una persona que transita por la vía pública en una actitud que para el olfato policial puede resultar sospechosa. Esta persona va a ser conducida indefectiblemente a una comisaría. Es increíble y constituye una ignominia que a los limpiavidrios, por ejemplo, a quienes el mismo Estado, directa o indirectamente ha colocado en situación de desamparo y exclusión, se les responda con arresto".

Porque indudablemente el limpiavidrios no va a tener los 18.000 a 36.000 pesos que significan los diez a veinte sueldos de un oficial de policía. Con lo cual, deberá ir a la comisaría. Y Juliano recuerda que ya desde la Asamblea del año XIII se planteaba que "no puede haber prisión por deudas".

Sin contar con que los jueces contravencionales deberán ser funcionarios designados por el poder político con cinco años de duración en el cargo. Para Juliano: "Yo no quiero defender a los jueces porque la verdad que los jueces no nos hemos caracterizado demasiado por la defensa de derechos y garantías en general. Pero no quiero pensar qué va a pasar si ponemos en manos de funcionarios designados por el Poder Ejecutivo, que lo que más van a querer es congraciarse con la corriente política imperante, qué puede llegar a pasar. Además, no existe el derecho de defensa. Los contraventores no tienen defensor obligatoriamente como corresponde en cualquier proceso".

Patear la pelota

Hay un costado del proyecto de Scioli que va más allá de la figura del merodeador, del ebrio o del chico que salga, aerosol en mano, a hacer una pintada callejera. También abre las puertas para intervenir en otros espacios ligados a la defensa de los derechos civiles. "El Código de Faltas tiene figuras tan amplias en sus instrumentos que seguramente puede funcionar en contra de las manifestaciones sociales. Tanto en Capital como en Provincia, los códigos contravencionales tal cual estaban, se usaban para condicionar estas manifestaciones. Entonces es probable que el Código aumente la presión en ese planteo y permita detenciones cuando el Código Penal no las permitiría. Por ejemplo, un juez penal en general no ha permitido detenciones en manifestaciones. Pero funcionarios pseudojudiciales con menor capacitación analizan esto y habilitan detenciones. En el espacio contravencional, la institución policial tiene mucha más fuerza que en lo penal. Y es un riesgo para las manifestaciones, para el uso de la calle y las libertades públicas".

Mario Juliano utiliza otro ejemplo que lleva al extremo, pero que también sería posible a partir del proyecto en danza. Es que si bien el proyecto de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años en el terreno penal tiene recién media sanción, en lo contravencional sí serían imputables. Entonces Juliano argumenta que "cualquier niño que, a los 14, esté obstaculizando el tránsito en la vía pública, jugando a la pelota, técnicamente, podría ir a parar a un lugar de encierro".

-Un chico que juega a la pelota, un piquetero, un manifestante en reclamo de trabajo o un limpiavidrios pueden ser sancionados...

-Además de perseguir a los indeseables, a los sectores molestos de la sociedad, esta reforma encubre una persecución a todas aquellas expresiones de oposición política. Estas son las características selectivas del sistema penal. Acá sólo pagan los perejiles. Es la experiencia de 30 años de estar transitando de un lado y otro del mostrador.

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