El juicio contravencional contra Milagro Sala por el acampe de 51 días en la plaza céntrica de Jujuy quedó a un paso de resolverse. Ayer declararon cuatro testigos y se pasó cuarto intermedio hasta el jueves, cuando se prevé el dictado de la sentencia.

Con una campera de cuero negra y una trenza tirante, Milagro Sala llegó poco antes de las 18 al Juzgado, donde se desarrolló la segunda audiencia del juicio por el bloqueo que la Tupac Amaru y otras organizaciones realizaron frente a la Gobernación, entre diciembre de 2015 y enero de este año.

Se trata de la causa por la cual Sala fue detenida en primera instancia- luego quedó en prisión acusada de múltiples delitos- y la que despertó las críticas de los organismos internacionales que todavía incomodan al gobierno Nacional.

Enfrenta cargos por haber violado el artículo 113 del Código Contravencional provincial- creado en enero- que alude a la ocupación del espacio público, alteración del orden y obstaculización del tránsito vehicular y peatonal.

Estaba previsto que ayer la dirigente hiciera un descargo. Ella misma se lo había pedido al juez Matías Ustarez la semana pasada. Pero la defensa, para “resguardarla” y que se concentre en el veredicto que hoy tendrá lugar en la Justicia Federal, prefirió evitarlo.

La audiencia comenzó con la declaración de los tres testigos citados por la defensa. Abrió la referente de Derechos Humanos de Jujuy, Inés Peña, quien defendió el rol de Sala y le restó responsabilidades: “La gente decidía en asambleas. Milagro conciliaba posiciones para llegar a acuerdos y que no haya violencia”, indicó.

A ella le siguieron el secretario de la CTA, Hugo Yasky y el secretario de Derechos Humanos de Santa Cruz, Horacio Pietragalla. “Yo participé de un acampe que se llamó la Carpa Blanca y duró tres años, participaron 1200 docente y no tuvimos un detenido. Es deplorable que Milagro esté presa”, aseguró Yasky. “Es un plan para armar causas exprés que hacen que hoy, después de un año una diputada del Parlasur, son fueros, siga detenida”, agregó, por su parte, Pietragalla.

Desde afuera, bajo la llovizna, un grupo de militantes le hacía llegar el apoyo a su líder. “Milagro corazón, acá tenés lo pibes para la liberación” y “los gorilas tienen miedo que la flaca gobierne para el pueblo”, era algunas de las canciones que entonaban.

Mientras tanto, adentro de la sala llegó el turno de los efectivos de la policía provincial convocados por los letrados del Departamento Contravencional. “Con el pasar de los días se sumaron carpas y piletas. Había carteles de la Tupac y el MST en la rejas de la Casa de Gobierno. Nosotros no ingresamos al acampe, mirábamos de afuera. Como policías era difícil entrar, éramos 3 o 4 y te intimidaban. Para evitar roces no pasamos”, relató el suboficial Pablo Montoya.

Finalmente, ambas partes solicitaron un cuarto intermedio hasta el jueves. Ese día declarará el efectivo policial que quedó pendiente, se leerán los alegatos y finalmente llegará la sentencia.

Los cargos que se le acusan a Sala pueden ser penados con trabajo comunitario, una multa o prisión hasta 10 días. “Nosotros vamos a pedir la multa”, adelantó a Clarín el abogado del Departamento Contravencional, Rodolfo Retamozo. “Es de $ 3750 para Milagro y para la Tupac. Planteamos que la protesta es un derecho constitucional más y puede ser regulado”, indicó.

La estrategia de los abogados de Sala es plantear que el juicio por el acampe es inconstitucional porque va en contra del derecho a la protesta y que se trata de una “persecución política”.