La Justicia dispuso medida de no innovar

Frena cualquier tipo de acción sobre un sitio religioso de la comunidad mapuche dentro de un predio que está en litigio. La resolución fue dictada por un Juzgado Multifueros de la localidad.

Referentes de Derechos Humanos y el Inadi pidieron al gobierno provincial que "desmilitarice la zona".

Neuquén > La Justicia neuquina dispuso una medida de no innovar para resguardar el sitio sagrado que la comunidad mapuche Paichil-Antriao posee sobre un predio reclamado por un privado -William Fischer- que está en litigio desde diciembre pasado, en el cerro Belvedere. La disposición judicial congela así cualquier acción que pudiera ejecutarse sobre lo que los pueblos originarios denominan "rehue".

Según informó Juan Manuel Salgado, el abogado que patrocina a la Confederación Mapuche y a los Paichil-Antriao, el dictamen responde a una medida cautelar solicitada por la comunidad mapuche en el marco de un juicio por la propiedad de la tierra que inició la misma contra Fisher, un ciudadano estadounidense, en diciembre pasado.

La medida de no innovar fue dictada el viernes por el Juzgado Multifueros de Villa La Angostura y notificada durante el fin de semana pasado. Salgado aseguró que la disposición ya se está aplicando y que mañana está previsto que el juez de feria -Federico Sommer- realice una inspección ocular en el lugar para determinar la extensión del sitio sagrado.

"La comunidad está muy preocupada porque el rehue está en peligro. Se vive una situación de atropello sobre un espacio sagrado al que ni siquiera podemos tener acceso", sostuvo Pichiñan, del Consejo de Patentación Indígena, al participar de una conferencia de prensa en la capital neuquina.

El encuentro también convocó a Salgado, a Gustavo García, delegado del Inadi, a Beatriz Gentile, delegada de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos y a Gabriel Rafart, titular del Observatorio que entiende en esta materia.

Escenario

En una recorrida por el lugar, efectuada el sábado pasado junto a García y Rafart, Gentile advirtió que la zona está "militarizada" y que la comunidad mapuche sufre una especie de "arresto domiciliario de hecho".

Además comentó que les prohibieron el ingreso al predio donde se encuentra el "rehue" y que las intimidaciones que sufren las familias mapuches van del "amedrentamiento verbal hasta los disparos en la noche y persecuciones en el bosque". (Ver recuadro)

Según la comunidad, hay 70 uniformados. "Algunos son locales y otros pertenecen a fuerzas especiales por el tipo de uniforme y arma que llevan", comentó Rafart, quien agregó: "Las irregularidades que observamos no se corresponden con un Estado de derecho".

Por eso solicitaron al gobierno provincial que en lo inmediato desmilitarice la zona; retire a la Policía y restituya el Estado de derecho. A tal efecto remitieron ayer dos notas: una al ministro de Gobierno, Trabajo, Justicia y Derechos Humanos, Jorge Tobares, y la otra al secretario de Estado de Seguridad, Guillermo Pellini. "Los que tienen en su mano la resolución del conflicto son las autoridades de la provincia", expresó Gentile.

También elevarán un informe a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y al ámbito de la Unión Europea; en tanto que se recomendará al Inadi que haga caer al municipio de la villa del programa de ciudades libres de discriminación, de seguir en una actitud que perjudica a las familias mapuches.

Litigio

Además de dar a conocer el fallo de la Justicia, advirtieron que el predio en litigio pertenece a la comunidad mapuche desde la época de Mariano Moreno, que hay documentación que lo prueba y que data de 1902.

"Fisher tiene una escritura pública pero no posesión. Y de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos la posesión de las comunidades es superior al título del Código Civil", aclaró Salgado.

El problema es que la provincia "no reconoce la propiedad de los Paichil-Antriao. Por eso no realiza el relevamiento territorial que la Ley Nacional 26.660 prevé, la que a su vez prohíbe los desalojos", señaló Gentile.

Sobre esta normativa, la funcionaria tildó de "ilegal" el desalojo producido en diciembre pasado contra algunos miembros de la comunidad. Salgado consideró lo mismo y dijo: "Las familias mapuches fueron desalojadas del predio en litigio sin haber sido parte".

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