RP.- ¿Qué novedades hay en la causa?

Nos informó Verónica Bogliano una de nuestras abogadas (de Silvia Valdez Avalos, Marcelo Ardetti y mío) que fue a la fiscalía y allí estaba la cédula que el juez había resuelto sobreseernos. O sea que somos libres

RP.- ¿Qué significado tiene el cierre?

El cierre de la causa significa que la justicia llegó y conforme a derecho resolvió que no tenía asidero jurídico el delito del que se nos acusó injustamente. Después de las declaraciones que aportamos tres de los imputados, la fiscal tuvo argumentos sólidos para poder investigar. Hasta ese momento se habían realizado movidas políticas de puertas para afuera del poder judicial, como la junta de firmas; y desde el poder legislativo el senador del FAP, Ricardo Vázquez; y los legisladores del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Christian Castillo y Guillermo Kane presentaron dos proyectos de declaración que fueron aprobados por unanimidad declarando el repudio hacia la criminalización de la protesta.

También hubo pedidos de los legisladores de los partidos a los que pertenecemos para hablar con el juez que llevaba la causa.

De todas formas personalmente creí firmemente que había que declarar para aportar  nuevos elementos al expediente, pues una vez que judicializado la única forma de salir del fuero judicial es aportando elementos para que se argumente la postura que teníamos, y la realidad es que no hubo delito alguno. Solo se quiso aleccionar en nuestras cabezas a todo aquel que se enfrente al poder de turno diciéndole “ustedes aquí no pueden hacer lo que quieran con los trabajadores”.

El 10 de junio, cuando declaramos, brindamos esas herramientas jurídicas pues lo único que había era las declaraciones de funcionarios -denuncias- y policías como testimoniales; y un video que estaba cortado y mostraba solo la parte que concordaba con los relatos de la actora en el proceso que es la Dirección General de Escuelas y Educación en cabeza de sus funcionarios y para nada la realidad de los hechos. Gracias a nuestras declaraciones hemos logrado el sobreseimiento de los seis.

RP.- Recordanos por qué se inició y quiénes estaban afectados.

La causa se inició por las declaraciones de Nora de Lucía cuando asumió el cargo diciendo que había muertos y presos que cobraban horas extras. Si hay irregularidades de tal tamaño es que hay un funcionario que firma para que ese dinero sea espuriamente extraído del erario público y pagado a personas en condiciones como las que se mencionan. En el marco de esa investigación el funcionario Claudio Crissio dijo que había sido obligado a firmar un acta.

En realidad lo que le pedíamos es que nos pague en tiempo y forma, ya que las horas extras -que son recomposición salarial pues se nos paga en negro para evadir,  lógicamente el estado es el primer evasor fiscal- se cobran el primer día hábil del mes y al 31 de octubre -día en que supuestamente se configuró el delito- no habían enviado ni el cheque al Banco Provincia que debe hacerse 48 horas antes para cobrar el 1.

Convocado a declarar por la causa madre del desvió de fondos públicos -que hoy está encajonada- denuncia que había sido cooptado de su libertad al firmar un compromiso de pago para el día 2 de noviembre por coacción agravada, que es de lo que se nos acusó.

Lo que nadie dijo es que ese día estaba la Dirección de Escuela atestada de policías y que era imposible presionar a nadie, pues éramos menor número de trabajadores en la oficina que la cantidad de policías que habían ingresado, y que el poco dialogo que se dio entre delegados y funcionarios fue rodeado de policías literalmente.

RP.- ¿Por qué declararon solo tres de los imputados?

Solo declaramos tres de los imputados porque había una diferencia sustancial en el planteo de la estrategia jurídica, respecto al fondo en sí de la cuestión. Al ser una causa política para poner de correctivo tres de los imputados consideraban, por asesoramiento de su abogada Claudia Ferraro del Partido Obrero, que no había que declarar.

Los que declaramos lo hicimos aconsejados por nuestros abogados Verónica Bogliano, de la Comisión por la Memoria; y Marcelo Ponce Núñez, del gremio ATE. Consideramos que al no haber cometido ningún delito debía declarar y dejar a la vista de la Justicia los hechos como se habían acaecidos pues si dejábamos el expediente con solo las declaraciones de los funcionarios y policías era claro que elevarían la causa a juicio.

Por eso el apremio de declarar en la etapa de instrucción para que la fiscal a cargo lacki -luego de ser removido el fiscal Morán- diera cuenta de la falta de merito para continuar con la causa por trucha y armada sin sustento sin fundamento de las acusaciones.

Finalmente luego de declarar y de hacerse pericias sobre los planos de la DGCyE parte de los elementos otorgados, no había más que decir, no había fundamentos para elevar a la causa a juicio y se pidió el sobreseimiento para los seis.