La Justicia debe ponerse los pantalones largos

La Justicia debe ponerse los pantalones largos

Luego de 12 años donde el kirchnerismo intentó infructuosamente hacerle creer a la ciudadanía que la inseguridad era “una sensación” inventada por los medios, significa un paso adelante que desde el Estado ahora se reconozca la gravedad de este flagelo. Y se declare la emergencia en todo el territorio nacional. La medida establece como prioridad el combate al narcotráfico, reforzando el control del espacio aéreo y de las fronteras.

 

Ahora bien, será muy difícil tener éxito en el enfrentamiento contra la delincuencia, el crimen organizando y los narcos si los principales actores de la Justicia, que no han sido partícipes de la corrupción K, no se deciden a ponerse los pantalones largos. Esto va mucho más allá de que se termine con la puerta giratoria que significa que, por los vericuetos y las falencias del sistema, peligrosos delincuentes que son apresados entren por una puerta y salgan por otra poco tiempo después. Lo más grave está representado por la vergüenza que significa que actualmente no haya tras las rejas ni un solo ex funcionario corrupto. Estamos hablando de un país donde, durante más de una década, proliferaron en distintos estamentos gubernamentales verdaderos delincuentes que se enriquecieron indebidamente y saquearon a la Argentina.

La lista de políticos impunes es enorme. Desde el procesado ex vicepresidente Amado Boudou, que se quiso quedar indebidamente con la fábrica de hacer dinero y declaró como domicilio un médano del partido de la Costa; hasta la inefable titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien estafó a todos los argentinos en más de $1200 millones que se tendrían que haber utilizado para construir viviendas sociales y terminaron engrosando el patrimonio del parricida Sergio Schoklender, entonces hijo putativo de Hebe. También está la propia ex presidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo, cuya riqueza creció de forma desmesurada durante la era K, y hace tiempo deberían estar en el banquillo de los acusados dando explicaciones acerca de las denuncias que indican que, junto con su presunto testaferro Lázaro Báez, habría lavado miles de millones de pesos en negocios hoteleros.  

A su vez, está tan podrido el sistema que, pese a las innumerables denuncias penales en su contra, ningún juez ni fiscal aún se atrevió a procesar a uno de los máximos garantes de la impunidad como es el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Esto le permitió asumir al frente de la Auditoria General de la Nación (AGN), un organismo contemplado en la Constitución y que debería servir para controlar y prevenir hechos de corrupción. La designación de este personaje nefasto significa, lisa y llanamente, violar la carta magna ya que estamos hablando de un personaje oscuro que estuvo a cargo de la Aduana y, durante su gestión, avaló la importación  masiva de efedrina que era triangulada a México y generó una verdadera mafia involucrada en el triple crimen de General Rodríguez. Luego, como titular de la AFIP, puso en la Aduana a su mano derecha, Guillermo Michel, conectado con empresas, empresarios y abogados condenados en la causa Carbón Blanco, siendo integrantes de una red para lavar dinero proveniente de la venta de cocaína al exterior.  

Padrinazgos

La impunidad reinante en la Argentina se explica también por el hecho de que, durante 12 años, numerosos jueces y fiscales nacionales, como así también bonaerenses, fueron designados en función de padrinazgos políticos pertenecientes al kirchnerismo. De esta manera, los funcionarios judiciales más capaces quedaron relegados dentro del sistema y en muchos casos hasta terminaron siendo perseguidos cuando se atrevieron a investigar al poder. El caso paradigmático fue el fiscal José María Campagnoli, a quien se le inició un jury, fue suspendido y estuvo a punto de ser expulsado en el Consejo de la Magistratura sólo porque cumplió con su deber al investigar a Lázaro Báez. 

En ese contexto, para que realmente haya un cambio, la Procuradora  Alejandra Gils Carbó, la jefa de todos los fiscales fuertemente alineada con el kirchnerismo, no debería mantenerse ni un minuto más en el cargo. Ella fue un instrumento que utilizó CFK para direccionar las investigaciones de corrupción y apretar a críticos y opositores. Recordemos, por ejemplo, que Gils Carbó estaba a punto de desplazar a Alberto Nisman de la causa AMIA luego de que el fiscal denunciara a Cristina Kirchner y a varios funcionarios K por encubrir a los autores materiales del atentado a la mutual judía. Pocos días más tarde, Nisman apareció muerto en su departamento de Puerto Madero.  

Por otra parte, el combate contra los narcos, el crimen organizado y los corruptos requiere de fuerzas de seguridad altamente profesionalizadas. La herencia que dejó el kirchnerismo es muy pesada ya que en la provincia de Buenos Aires, como a lo largo y ancho del país, existen peligrosas conexiones entre jefaturas policiales y las redes delictivas. A su vez, numerosos gendarmes y prefectos -que deberían estar custodiando las fronteras, los ríos y los mares- fueron arrancados de su función natural para ser trasladados a cumplir tareas de seguridad interior a distintas ciudades producto, en parte, del aumento sideral de la inseguridad. Y de los nichos de corrupción existentes en el seno de otras fuerzas de seguridad.

Lo positivo de este difícil contexto es que aún hay varios fiscales, jueces, policías y militares independientes, con una moral intachable, comprometidos y altamente capacitados en la lucha contra la corrupción. Son ellos los que deben ser tenidos en cuenta en esta nueva etapa por el poder político para enfrentar a los mercaderes de la muerte. Se trata de una tarea titánica, pero no imposible.

Comentá la nota