En una decisión unánime, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán decidió el jueves pasado que se hagan públicos los pasos procesales contra funcionarios públicos, en vista la necesidad de continuar con el proceso de fortalecimiento de “la política comunicacional abierta” del Poder Judicial.

“Esta política está orientada a mejorar la transparencia informativa para buscar estar más cerca de las necesidades del ciudadano mediante el derecho al acceso a la información pública”, indica la Acordada 125/16, que, dicho sea de paso, ya está publicada en el portal institucional (justucuman.gov.ar).

El Registro de Funcionarios Públicos (de los tres poderes) Imputados en Delitos contra la Administración Pública funcionará en la órbita de la Secretaría de Superintendencia del alto tribunal, según dispusieron Antonio Gandur (presidente), Claudia Sbdar, René Goane, Antonio Estofán y Daniel Posse. Dicha oficina, que está a cargo de la secretaria Gabriela Blanco, velará para que la difusión de la información observe el derecho a la intimidad de los denunciados. La base creada por la Corte facilitará datos sobre el tipo de causas; el tema en cuestión y los funcionarios públicos imputados en procesos vinculados a delitos contra la administración “dentro de los límites legales del debido proceso”.

El registro podrá ser consultado en línea, en la página web del Poder Judicial de Tucumán. La Acordada 125/16 delega la organización de la base de datos a la Secretaría de Superintendencia y a la Dirección de Sistemas. La Corte ordenó a ambos órganos que instrumenten los procedimientos necesarios en función de la normativa vigente. Fuentes tribunalicias informaron que la intención del alto tribunal es que el registro sea inaugurado esta semana.

Los vocales Gandur, Sbdar, Goane, Estofán y Posse reconocieron que el proyecto estaba inspirado en una iniciativa reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y del fuero nacional en lo Criminal y Correccional Federal. El mes pasado, Ricardo Lorenzetti, presidente del máximo tribunal del país, y sus pares Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda presentaron un plan para hacer públicos los expedientes por corrupción, trata de personas y narcotráfico.

Aunque la Corte provincial pudo haber emulado la referencia a la corrupción, prefirió el nombre más técnico de “delitos contra la administración pública”. Este capítulo del Código Penal incluye el abuso de autoridad y la violación de los deberes de los funcionarios públicos; la violación de sellos y de documentos; el cohecho y el tráfico de influencias; la malversación de caudales públicos; las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; las exacciones ilegales; el enriquecimiento ilícito; el prevaricato; la denegación y el retardo de justicia, y el encubrimiento, entre otros delitos.

La decisión de abrir “el candado” de las investigaciones relativas a autoridades del Estado fue formalizada un día después de que Gandur, Sbdar, Estofán y Posse se reuniesen con Germán Garavano, ministro de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación, en Santa Fe.