Justicia colapsada seguirá sin recibir demandas de AFIP

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La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal insistió ayer sobre la suspensión del ingreso de nuevos expedientes judiciales de la AFIP por el reclamo de cobro de impuestos impagos, luego de que la entidad presentara una denuncia el 17 de abril pasado, en la que solicitaba al tribunal que revirtiera la medida. La resolución de los magistrados se basó en la situación de colapso de seis juzgados federales de Ejecuciones Fiscales y Tributarias, debido a la falta de empleados y las malas condiciones edilicias, que se suman a la compleja situación del fuero.

La Cámara expresó ayer que, si bien tenía en consideración el pedido formulado por la AFIP, la determinación iba a permanecer vigente, ya que hasta el momento no se ha modificado la situación del fuero. Más allá de esta presentación, fueron presentadas denuncias similares ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Por esta razón, la Comisión de Abogados en Relación de Dependencia con el Estado se dirigió al Consejo de la Magistratura destacando las «demoras en la atención y tramitación de las causas, la inseguridad de los locales y la falta de sanitarios para el público».

En los juzgados federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias se deben resolver cerca de 50.000 causas, que ingresaron entre junio de 2007 y diciembre de 2008. Por decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, desde el 1 de abril no se reciben nuevas demandas de la AFIP -que conduce Ricardo Echegaray- y, en consecuencia, no se pueden dictar embargos sobre bienes o cuentas bancarias, o medidas cautelares para cobrar impuestos federales atrasados como el IVA.

La medida había sido pedida por los seis jueces que integran el fuero, al tiempo que advirtieron que sólo cuentan con un secretario, un empleado y un ordenanza cada uno. También alertaron sobre el deterioro del edificio donde trabajan (Defensa 135) y sobre la falta de espacio necesario para atender al público y guardar los expedientes. Al ser notificados de una situación que los jueces catalogaron de «muy crítica» e «insostenible», la Cámara requirió un informe a la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina acerca del estado del edificio. La evaluación sostuvo que se debía evitar «bajo todo concepto seguir aumentando el acopio de expedientes dado el incremento en la carga de fuego que esto significaría, con el consiguiente riesgo que implica para las personas y bienes alojados.»

El tribunal además dispuso que interviniera el área de arquitectura del fuero en el control del proyecto de reubicación de los juzgados, a cargo de la Dirección de Infraestructura del Consejo de la Magistratura. La entrega

del edificio de Paraguay 925 para estos juzgados estaba prevista para el próximo 23 de mayo. Sin embargo, la arquitecta Gladys Martínez, a cargo de la inspección del proyecto, determinó que el plazo de entrega «sería de imposible cumplimiento», debido a la «escasa cantidad de obreros afectados a la realización de tareas en el inmueble».

Mientras las causas se siguen acumulando, la Cámara insistió ayer en que no iba a avanzar en la reapertura de los juzgados, ni la contratación de nuevo personal, hasta que se solucionaran «los problemas edilicios que ponen en riesgo la seguridad de funcionarios, empleados y público en general que concurren a los mismos».

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