Gabriel A. Morini

La justicia porteña citó para mañana al ministro de Educación de la Ciudad, Esteban Bullrich, para que dé explicaciones por la implementación de una línea telefónica 0800 que incita a la delación de actividades políticas en las escuelas del distrito. La resolución dictada por la jueza Patricia López Vergara –la misma magistrada que intervino en el conflicto por el traspaso del subte– incluye también una convocatoria al procurador porteño, Julio Conte Grand, y a la representante del Ministerio Tutelar de la Ciudad, Laura Musa, encargada de velar por el cumplimento de los derechos de los menores. La medida judicial respondió a una presentación interpuesta el martes pasado por el abogado Roberto Boico, quien solicitó se declare "inconstitucional" la iniciativa y se disponga el cese de la línea, que fue defendida por la administración que conduce Mauricio Macri bajo el argumento de que servía a los padres para denunciar la "intromisión" política de la agrupación kirchnerista La Cámpora en las escuelas del distrito.

La medida adoptada por López Vergara –que subroga el juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Nº3 a cargo de su par Elena Liberatori– es, en rigor, una audiencia de proceso previa a la toma de una decisión sobre el planteo, radicado por Boico bajo el número de expediente 45378/0. La magistrada recibirá a los funcionarios macristas y al denunciante a las 12:30 de mañana en su despacho para hacer su descargo sobre la propuesta, e intentará arribar a una conciliación, algo que, de no prosperar, habilitará a la jueza a tomar una decisión inmediata sobre la cautelar solicitada. "Lo importante de esta medida intermedia es que la justicia está advirtiendo un grado de razonabilidad del pedido que yo hago, y en virtud de eso llama a la partes para que den explicaciones, incluyendo nada menos que al ministro", aseguró el denunciante a Tiempo Argentino, que calificó su concreción como "un gran paso y una buena noticia" por parte de la justicia.

En su escrito, Boico exigió el "cese inmediato de la persecución política a jóvenes militantes" y la "inmediata comunicación del supuesto aquí denunciado a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de evaluar la iniciación de juicio político por mal desempeño de las funciones del jefe de gobierno y del ministro de Educación porteño". Además, sostuvo que la línea telefónica "procura fomentar un sistema de alcahuetería, chismorrería o soplonería dirigido hacia jóvenes o niños que estuvieran divulgando, propagando o disertando acerca de ideas políticas, lo que equivale a decir que el gobierno porteño interpreta a la actividad política como delictiva". La presentación se sumó al amparo realizado con anterioridad por el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (INADI) que también repudió la instauración del 0800. Según el letrado, la puesta en funcionamiento de la línea telefónica para que los padres denuncien actividades políticas en las escuelas es "manifiestamente ilegal y arbitraria, lesiva de las previsiones contenidas en la Constitución Nacional y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos." Para Boico, lo que defendió Bullrich "no resiste el más mínimo análisis de constitucionalidad".

Según fuentes judiciales, lo que defina López Vergara sobre la medida cautelar estará directamente relacionado con el criterio que adoptará la magistrada acerca de la cuestión de fondo: si decide darle curso, el gobierno porteño deberá volver sobre sus pasos y anular el sistema lanzado para recibir denuncias sobre "la intromisión política en las escuelas".

Un dato que también se apuntó en la denuncia es que no existió una resolución formal publicada en el Boletín Oficial sobre el acto administrativo con número asignado que ordenara la puesta en marcha del sistema de delación telefónica. "Plantearon una medida 'de hecho', por eso se decidió impugnar el acto administrativo o las vías de hecho de la acción concreta del Estado sin un respaldo normativo", aclaró el abogado constitucionalista que integra el equipo que trabaja con Eduardo Barcesat. Como antecedente se mencionan los "criterios de acción" que fueron fijados por la cartera educativa porteña –destinados a los directivos de los colegios– en caso de que alumnos decidieran llevar adelante tomas de los establecimientos, y de cómo debían confeccionarse actas con sus nombres.

Tiempo intentó anoche comunicarse con Bullrich para conocer si concurrirá a la citación judicial pero no obtuvo respuesta. «

La doble moral del macrismo

La decisión del ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Bullrich, de habilitar una línea 0800 para "denunciar" a la militancia juvenil en las escuelas provocó un inmediato rechazo. Tiempo Argentino dio cuenta del escándalo pero también de la doble moral macrista, que intentó disfrazar la labor de agrupaciones kirchneristas en escuelas de "tareas de adoctrinamiento" pero que alienta a la vez la penetración en establecimientos educativos de organizaciones ultraliberales como Junior Achievement y avanza luego en la censura de un clásico como El Eternauta.

por el "inmediato" retiro

La UTE-CETERA Capital realizará hoy una charla debate para exigir el "inmediato retiro" de la línea telefónica dispuesta por el gobierno de la Ciudad para denunciar "actividad política" en las escuelas porteñas, que contará con la participación de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y del secretario general de la CTA, Hugo Yasky, entre otros.

Bajo el título "La educación pública, un espacio para la Democracia", el debate se llevará a partir de las 18:30 en la sede de UTE-CETERA (Bartolomé Mitre 1984) para "reafirmar que la escuela pública es un lugar de construcción de la democracia y para exigir el inmediato retiro del 0800 que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, implementó para denunciar actividades políticas", informaron las entidades y organizaciones convocantes del encuentro.

Entre los participantes, que consideran que la medida impulsada por el PRO es "de neto corte autoritario que recuerda las peores épocas de la dictadura", se encuentran también Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; Emilce Moler, sobreviviente de la denominada Noche de los Lápices; Stella Maldonado, secretaria general de CTERA; y Eduardo López, titular de UTE-CETERA Capital.

Como parte de la convocatoria, López sostuvo: "Sería bueno que Macri se arrepintiera de haber intentado censur El Eternauta. Ahora le pedimos que recapacite y también dé marcha atrás con la censura a la participación política."

Y concluyó: "Es mentira que pueda haber educación sin una visión política. Lo que se debe garantizar desde el Estado es que, en un marco democrático y plural, todas las ideas puedan expresarse en libertad, porque cuando se pretende que no haya ninguna política, gobierna la peor política: la del autoritarismo."