La Justicia citará a un hombre de Manzur por remedios truchos

El gerente de Control de Gestión de la Administración de Programas Especiales de la Nación (APE) –que controla los reintegros a las obras sociales–, Angel David Aragón, deberá responder ante la Justicia tucumana por la existencia de medicamentos presuntamente en malas condiciones, que debían ser suministrados a pacientes oncológicos afiliados al Instituto de Previsión y Seguridad Social, durante su gestión como subinterventor de dicha institución.
La causa judicial se abrió como consecuencia de una investigación ordenada por el Tribunal de Cuentas. Aragón llegó al APE de la mano del ministro de Salud, Juan Manzur, quien tras asumir intentó poner en el cargo a otro tucumano, Mario Koltan, que se vio obligado a renunciar después que el líder de la CGT, Hugo Moyano, presionará para su alejamiento y lo denunciara como socio de la empresa de medicina privada Boreal.

La acordada 3.970 del órgano de contralor advierte que, luego de la comprobación sumaria, se determinó que los medicamentos irregulares estaban tanto en las góndolas como en las heladeras del Centro de Calidad de Vida, Promoción y Prevención de la Salud, que depende del Instituto previsional. El documento advierte un presunto perjuicio para el Estado por un monto superior a los 300 mil pesos, a raíz de la cantidad de medicamentos que fueron decomisados por el Sistema Provincial de Salud. La investigación administrativa estableció la existencia de medicamentos vencidos –señala el documento–, rotos, que perdieron la cadena de frío y que, en otros casos, fueron devueltos por los afiliados del Instituto.

Descontrol. Según establece una resolución del Instituto de Previsión Social en Tucumán, Aragón tenía entre sus obligaciones específicas coordinar y supervisar lo que sucedía en el Centro de Calidad de Vida, donde se detectaron las irregularidades. El ente de contralor resaltó que una de las misiones de Aragón era la de planificar, organizar y coordinar las acciones para lograr el uso racional de la farmacoterapia. Además, debía procurar la mayor eficacia en el uso de los recursos y el efectivo cumplimiento de los objetivos de calidad propuestos, contribuyendo a garantizar la mayor equidad en el acceso a los medicamentos.

Lo más llamativo –advirtió el Tribunal de Cuentas– es que dentro de la estructura del centro de calidad de vida hay tres empleados vinculados a laboratorios privados. Además, se menciona el caso de un contratado como asesor externo en el plan oncológico: el Instituto de Previsión dijo que no se registran antecedentes suyos como empleado de planta permanente, temporaria, contratado o de locación de servicios.

Junto a Aragón, serán investigados por la Justicia en Tucumán la contadora Nally Ganim, la doctora María Inés Guchea y los farmacéuticos Ana Herrera de Forgas y Benedicto Kolton.

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