La justicia intenta determinar si hubo alguna maniobra en perjuicio del Estado Municipal porque los cheques firmados por Riganti como presidente del Ejecutivo -a nombre de un transportista- terminaban siendo endosados y cobrados por él mismo.

Una comitiva policial de la Jefatura Departamental cumplió la orden emanada desde el Juzgado de Garantías y Transición, tratando de dar con la documentación que acredite detalles de la relación comercial entre Riganti y un transportista que prestaba servicios al Municipio. Así, fueron requisados el domicilio de Riganti en Larroque y un estudio contable de Gualeguaychú. En el primero, no se encontraron los papeles requeridos; mientras que, según trascendió, en el segundo, la policía y el delegado judicial sí habrían secuestrado algunos elementos relacionados a la causa, consignó el periódico Acción de Larroque.

Por la denuncia, firmada por el intendente Darío Benedetti -la segunda desde que asumió el mandato en contra de su antecesor, el fiscal Sergio Rondoni Caffa quiere determinar si hubo algún tipo de defraudación al Estado y si el ex intendente se asoció con un tercero para cometer el supuesto delito.

De acuerdo a lo que en su momento había expresado el doctor Rubén Virué como asesor judicial de la auditoría, los cheques librados por el Municipio en favor del transportista, terminaban siendo cobrados por Riganti, es decir, que el nombre y la firma del jefe comunal aparecían dos veces en el mismo cheque, como librador y como cobrador, tras una primer endoso del destinatario original del pago.

Para Virué se trataba de una burda maniobra de defraudación a las cuentas públicas e incluso daba a entender que algunos de los servicios de transporte de carga no se había cumplido.

En declaraciones al Periódico Acción, Riganti comentó que aquello por lo que se lo investiga se trató de un acto comercial lícito y reconocido por él mismo, cuando por ser titular de su empresa agropecuaria a quien el transportista le compró un camión, él recibía los cheques en parte de pago. Opinó que esta denuncia, junto a la referida a las 14 cuadras de pavimento, persigue una intencionalidad política y que el objetivo es “sacarlo de la cancha”.

Llamó la atención que en la orden de allanamiento se mencione al transportista en cuestión como titular de la empresa Rase. Esto podría interpretarse como un equívoco en la redacción de la orden de allanamiento o como el intento de desentramar un artilugio diseñado en función de la supuesta defraudación. En el pedido del juzgado se detalló que deberán secuestrarse documentación donde figure poseedor de ese cargo dentro de la empresa y Riganti como presidente de “Ramdon”. Entre otros elementos también se pidió que se secuestren libros de movimientos de caja y de banco, libros con movimientos de cheques, sellos y chequeras utilizadas entre 2012 y 2015.

Además, se supo que se le solicitaría al Nuevo Banco de Entre Ríos (Bersa) que acerque alguna documentación complementaria vinculada al expediente. Otros elementos que seguramente formarán parte de la causa están contenidos dentro del informe final de la auditoría confeccionado por el contador Jorge Oviedo y Rubén Virué. Allí hay varias copias de los cheques endosados por Riganti que fueron provistas por la sucursal de la entidad bancaria y conclusiones que señalan la posible estafa por pagos a servicios de transporte de carga supuestamente no prestados.