El fiscal federal Federico Delgado firmó un dictamen que apunta a determinar "si existió un pedido expreso de ayuda por parte de la Gobernación de la provincia de Córdoba" entre el 3 y el 4 de diciembre pasado, cuando la policía local se acuarteló y decenas de comercios fueron saqueados ante la falta de presencia en las calles de las fuerzas de seguridad.
El dictamen dio formal impulso a una investigación penal ante una denuncia de legisladores opositores por supuesta "violación de la Ley de Seguridad Interior" que habría sido cometida por funcionarios del gobierno nacional. En la hipótesis de esa denuncia subyace la idea de que los cordobeses quedaron indefensos porque el envío de la Gendarmería se retrasó por ser José Manuel De la Sota un gobernador opositor al gobierno nacional.
Delgado advirtió que la conflictiva situación que derivó en los saqueos "se sitúa en el difuso borde que pone a los poderes públicos entre la obligación y la discrecionalidad política cuando ciertas contingencias demandan la intervención pública". Y remató: "La gravedad de la acusación exige al menos dar el paso jurisdiccional de demandar una explicación." «
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