La Justicia busca conjurar el fraude

La Cámara Electoral Nacional dictó medidas para garantizar la transparencia de los comicios. Respuesta institucional a planteos de la oposición. Piden precisiones al Registro Nacional de las Personas sobre los DNI. Investigan la única presentación en la provincia
La palabra fraude comenzó esta vez a escucharse mucho tiempo antes que en otros comicios. La oposición planteó el escenario de que los resultados electorales no respeten fielmente la voluntad de los ciudadanos y lo transformó en un eje de campaña sin distingos ideológicos, principalmente impulsado en el plano nacional por Unión PRO-Federal (peronistas disidentes, Recrear y PRO) y por el Acuerdo Cívico y Social (radicales, socialistas y Coalición Cívica).

Esas fuerzas comparten estrategias y acciones, como los Encuentros por la Transparencia Electoral. Incluso los partidos nacionales pidieron hace meses (en Tucumán lo hizo Fuerza Republicana) que se convoque a veedores internacionales para supervisar las elecciones, lo que fue avalado por la Justicia Electoral. Este paso debía ser dado por el Poder Ejecutivo Nacional, pero nunca se concretó.

Las sospechas van desde la manipulación de la voluntad electoral con la compra del voto (bolsones, promesas o prevendas son las opciones más comunes) hasta la distribución irregular del Documento Nacional de Identidad, pasando por la desaparición de boletas en el cuarto oscuro o el voto cadena.

Para evitar irregularidades, y a pedido de referentes de la oposición, la Cámara Nacional Electoral dispuso una serie de medidas. Entre ellas, le requirió al Registro Nacional de las Personas un informe sobre la cantidad de DNI en trámite y los emitidos con la nueva denominación Ejemplar A (en reemplazo de Duplicado o Triplicado) y la fecha de comienzo de su distribución. Si una persona tiene un DNI con la nuevo designación, no podrá votar con el viejo.

El tribunal instruyó a las autoridades de mesa para que supervisen periódicamente la existencia de boletas de todos los partidos en el cuarto oscuro, a fin de garantizar la plena oferta. También dispuso que se denuncie la permanencia anormal de personas cerca de los centros de votación (se intenta evitar el voto cadena); que la oposición tenga veedores en el Correo Argentino; y que en las principales escuelas de la Capital Federal y del conurbano bonaerense se instalen cámaras para registrar todo lo que ocurra el 28.

Denuncia penal

En Tucumán, la única denuncia formal presentada respecto de un eventual fraude fue firmada por el justicialista díscolo Oscar López. El dirigente jurista acusó al gobernador José Alperovich; a todos sus ministros; a los legisladores y concejales oficialistas de toda la provincia; a los intendentes y a los delegados comunales de estar organizando una maniobra con fondos del Estado. "Cometerán delitos electorales y contra la administración pública, mediante el diseño y ejecución de un escandaloso plan fraudulento sistémico que generará la figura del esclavo clientelista", alertó.

La causa fue remitida al juez federal Mario Racedo, porque es un planteo de base penal no electoral. El magistrado subrogante dispuso que la investigación sea realizada por el fiscal federal Emilio Ferrer, y le giró el expediente. En tribunales, a priori, se deslizó que el escrito es abundante en consideraciones políticas pero poco preciso en la definición del caso penal y de las circunstancias de tiempo y lugar de los hechos.

Desde el sector que impulsa a Fernando Juri como senador, Enrique Romero interpuso una queja por la aparición de la candidata oficialista Beatriz de Alperovich en publicidades institucionales. Fuentes de la Justicia creen que podría ser propaganda electoral encubierta, pero no fraudulenta.

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