Al dictar una medida de no innovar, desde el momento que miembros de la organización ambientalista Greenpeace están en el lugar, la jueza de Garantías de Tartagal, Azucena Vázquez, avaló la posibilidad de que siga un campamento de la organización y no se continúe con el desmonte en zona recategorizada.
El desmonte es sobre la finca Cuchuy, de Alejandro Braun Peña, que se encuentra a unos 57 kilómetros al oeste de General Ballivián en el departamento San Martín.
Es una zona que tras ser recategorizada por el gobierno (pues se encontraba en amarillo y rojo, zonas donde está prohibido desmontar), se habilitó para el desmonte.
La audiencia fue en diciembre y la autorización se otorgó pese a la recurrente oposición de las comunidades originarias de la zona.
De hecho, se había realizado un acampe de las comunidades hace un par de meses para detener las topadoras. Pero el aislamiento y la lejanía, no les permitió sostener la medida. A ello se sumó que "casualmente", la Municipalidad del lugar les dejó de enviar el agua a las comunidades cuyos miembros estaban intentando frenar el desmonte.
Hasta donde se pudo conocer, los dueños de la finca lograron desmontar unas 600 hectáreas de las seis mil netas que solicitaron. Ello fue hasta que llegaron los ambientalistas de Greenpeace que pusieron un campamento, e inhabilitaron las cisternas de combustible que estaban dentro del campo para que las topadoras funcionen.
Paralelalemente a la acción, el director ejecutivo de Greenpeace en Argentina, Martín Prieto, denunció al dueño de la empresa por destrucción de bosques. Por su parte, Rolando Marquesto, relacionado con el empresario, radicó la denuncia contra los ambientalistas por haber ingresado a la finca.
Fue ante ello que la fiscal penal de Embarcación, Lorena Martínez, solicitó una medida de no innovar (es decir, no modificar ninguna situación desde el inicio de la investigación), por las denuncias contrapuestas, lo cual fue aceptado por la jueza.
Según Greenpeace, la jueza no hizo lugar (por ahora), al pedido de Braun Peña de desalojar a los ambientalistas por presunto delito de usurpación de propiedad privada.
"Este fallo es histórico en la Justicia provincial", dijeron los ambientalistas, dado que anteriormente las decisiones de este sector (como sigue sucediendo en muchos casos), fue avalar la política de continuar con los desmontes.
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