La justicia auditará los gastos declarados por el PJ para diputados nacionales

La Justicia Federal con competencia electoral auditará los informes finales de campaña presentados por las agrupaciones políticas que participaron de las elecciones para diputados nacionales del pasado de 28 de junio.
Fuentes judiciales consultadas consignaron ayer una curiosidad: el informe escrito presentado por el PJ no lleva la firma del presidente del partido, Juan Carlos Romero.

Los ocho informes presentados por los partidos y alianzas que participaron de las elecciones serán pasados por una pericia contable de la justicia electoral que, sin embargo, tendrá seis meses para emitir su dictamen.

En ese plazo fijado por la ley nacional 26215, los peritos deberán revisar los comprobantes de contratación de publicidad que hicieron los partidos, pero también el origen de los fondos utilizados, en especial de los efectuados por particulares.

Además del PJ, los informes fueron presentados por el Partido Obrero, Frente Grande, Libres del Sur, Demócrata Cristiano, Nueva Generación, Acuerdo Cívico y Social, y Unión Victoria Popular.

En cambio no presentaron su rendición de gastos otros dos partidos que obtuvieron una banca en Diputados -Frente Federal y Salta Somos Todos-, más el Partido Renovador de Salta.

Tal como publicó el domingo pasado Nuevo Diario, el Partido Justicialista -con el que resultó electo Fernando Yarade- consignó en su informe final que entre gastos operativos y de propaganda, había tenido egresos sólo por 807.169 pesos, cifra muy por debajo de las estimaciones que fuerzas opositoras habían hecho durante la campaña.

La rendición consignó también que el partido utilizó para sus gastos 149.797 pesos de aporte público, 345.000 de contribuciones y donaciones privadas, y 462.536 de aportes y transferencias de otros órganos y partidos.

Los informes son de acceso público en el sitio oficial del Poder Judicial de la Nación, aunque en algún punto guardan diferencias sutiles con los que presentan por escrito.

Es, justamente, el caso del informe final del PJ, que su versión escrita presentada por mesa de entradas no contiene la firma del presidente del partido, tal como lo define el artículo 58 de la ley. Un detalle que, si se une a otras eventuales improlijidades, podría generar un dictamen desfavorable de parte de la auditoría, consignaron las fuentes judiciales.

La del 28 de junio pasado fue la segunda elección nacional en la que rigió la ley 26215, conocida como ley de financiamiento de los partidos, que intenta transparentar el origen y el destino del dinero que utiliza los candidatos durante la campaña. Su aplicación en Salta, sin embargo, deja muchos aspectos confusos.

La primera vez que se aplicó, los informes del Frente Justicialista para la Victoria por la que Romero obtuvo su banca de senador, consignaron datos contradictorios. El informe previo consignó que diez días antes de las elecciones ya se llevaban gastados 325 mil pesos, y se preveían otros 90 mil más.

Sin embargo, el informe final presentado noventa días después de las elecciones consignó que sólo se habían gastado 137 mil pesos. No se hizo público el dictamen de las pericias contables, ni medida judicial alguna al respecto.

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