La Justicia anda a las vueltas con otra causa por corrupción

El expediente donde están sospechados la empresa Sol Obras y un inspector de Obras Públicas fue enviado a los tribunales santarroseños, pero desde aquí se lo devolvieron a Alvarez. ¿Dónde quedará?
A siete meses del derrumbe del polideportivo de Ataliva Roca, a causa de un tornado, la causa penal donde se investiga si hubo responsabilidades del Estado provincial y la empresa constructora Sol Obras no tiene juez.

Después de que la semana pasada, la diputada provincial del Frepam, Claudia Giorgis, advirtiera públicamente que el juez de instrucción de General Acha, Manuel Alvarez, se había declarado incompetente por razones de territorialidad, el expediente pasó por manos de dos jueces santarroseños y volvió a Acha. Si Alvarez ratifica su incompetencia -algo que parece obvio- la disputa será resuelta por una de las cámaras criminales de Santa Rosa.

El gimnasio quedó destruido el 30 de enero a raíz del tornado para pasó por esa localidad. La construcción estuvo a cargo de la empresa Sol Obras, que desembarcó en la provincia y se fue de ella durante el vernismo, a cambio de casi dos millones de pesos. El fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola, después de una investigación interna, detectó irregularidades en la obra y por eso radicó una denuncia ante Alvarez. El funcionario le imputó prima facie a Juan Armando Velázquez, el inspector que actuó en nombre del Ministerio de Obras Públicas, los delitos de fraude a la administración pública, falsedad ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público; y al representante técnico de la empresa, Raúl Horacio Lechner, los dos primeros. Además manifestó sus sospechas "sobre la existencia de connivencia entre Velázquez y personal de la empresa para defraudar al Estado".

Además de esa denuncia, Alvarez recibió en los días posteriores al derrumbe, otra denuncia promovida de oficio por el fiscal achense Hugo Vercellino. Como se trata del mismo hecho, en el expediente están unificadas todas esas presentaciones.

La breve historia judicial de los últimos días es la siguiente: Alvarez dijo que si hubo un delito se cometió en Santa Rosa, porque en Casa de Gobierno se pagaron los certificados de obra a Sol Obras y por eso lo envió al Juzgado de Instrucción 7, a cargo de Florencia Maza. Esta, sin entrar en la cuestión de la territorialidad -Ataliva Roca pertenece a la III circunscripción judicial, con asiento en General Acha-, opinó que eventualmente la causa debía ir al Juzgado de Instrucción 2, del juez Carlos Besi, porque como no se conoce la fecha del eventual delito, ese tribunal estaba de turno el día que Vercellino impulsó la acción penal en febrero.

¿Qué hizo Besi? Por cuestiones de territorialidad, le devolvió la causa a Alvarez basándose en otro caso de gran repercusión pública: las cloacas de Intendente Alvear. Años atrás, el Superior Tribunal de Justicia recurrió a la cuestión de la territorialidad para definir que el juicio debía realizarse en General Pico y no en Santa Rosa, más allá de que los fondos nacionales para pagar los trabajos ingresaron a través de la Provincia, porque Alvear pertenece a la II circunscripción judicial, con asiento en Pico.

Giorgis, además de informar sobre la decisión de Alvarez, también pidió que Obras Públicas no continúe adelante con la reconstrucción del polideportivo -ya llamó a licitación- porque se perderían pruebas para la investigación.

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