La Justicia allanó oficinas de la municipalidad de Tartagal

Por orden del juez de Instrucción Formal de 2º Nominación, Héctor Fernando Mariscal, se allanaron ayer tres oficinas de la municipalidad de Tartagal.
Del operativo, llevado a cabo con presencia policial, participaron el propio magistrado, el fiscal penal Pablo Cabot y los abogados Carlos Iriarte, representante legal del querellante Martín Almaraz, y Martín Crossa, asesor legal de la municipalidad.

Aunque no hubo información oficial, se descarta que la medida fue ordenada por el magistrado en el marco de la investigación por presunta defraudación en perjuicio de la administración pública y negociación incompatible con la función pública que se sigue en contra del intendente de Tartagal, Sergio Leavy (FPV) y sus secretarios de Hacienda, Daniela Trigo, y de Obras Públicas, Antonio Hoyos, una derivación de la denuncia realizada por Almaraz, acerca de que se utilizaron facturas suyas para cobrar el alquiler de maquinarias a la municipalidad.

El operativo de la Justicia se inició cerca de las 7,30, en las oficinas de la Secretaría de Hacienda, la Asesoría Legal y la Secretaría de Obras Públicas.

Según informaron medios de comunicación tartagalenses, solo Hoyos se encontraba en su oficina y respondió a la requisitoria de los visitantes.

A las 8 llegaron el secretario de Gobierno, el abogado Roberto Avellaneda Alfonsín, y los asesores legales.

Esta fue la novedad más importante que se produjo en la víspera en torno al conocido como caso Almaraz. A media mañana, como estaba previsto, el intendente brindó una conferencia de prensa en la que informó sobre algunas obras públicas y, en un discurso sobre las acusaciones que pesan en su contra, volvió a mostrarse molesto con la prensa.

"Se dicen muchas cosas por la prensa pero en un estado de derecho estas cosas se realizan por la Justicia. Es falso que soy presidente de HyS (la empresa de la que sería socio y que es proveedora de la municipalidad), me es fácil probarlo.

Hay gente que pretende sacar rédito político a pesar del alud", acusó a su vez ante un auditorio poblado de empleados municipales y afines a su gestión.

Aunque el intendente atribuye las acusaciones a motivaciones políticas, en la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante siguen surgiendo datos sobre presuntas irregularidades.

Ayer se advirtió que habría facturas mellizas entre las que Almaraz asegura, fueron usadas sin su autorización.

Al atardecer, como estaba previsto, se reunió la Comisión Investigadora. Sin embargo, no concurrieron los dos testigos citados, la secretaria coordinadora, Marta Brezni, y el particular Alejandro Herrera, quien cobró uno de los cheques del caso Almaraz.

Estos cheques fueron entregados por la municipalidad en pago del alquiler de maquinarias, servicio que habría sido prestado por Oscar Elías, quien presentó las facturas de Almaraz.

A pesar de este contratiempo, el concejal Walter Salvatierra (PJ) estimó que la Comisión estará en condiciones de emitir un dictamen el próximo miércoles, con tiempo para que el pedido de juicio político (se descuenta que el dictamen será en ese sentido) contra el intendente sea tratado en la sesión del jueves próximo.

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