Un nuevo frente judicial complica al presidente Mauricio Macri y varios de sus funcionarios por un posible conflicto de intereses entre el Gobierno y una empresa vinculada a la familia presidencial, presunto fraude a la administración pública y tráfico de influencias. Esta vez no es Correo Argentino SA, pero las acusaciones se repiten y ya activaron una causa penal en los tribunales federales, confirmaron fuentes directas del expediente a PERFIL. El caso se centra en la decisión del Gobierno de renegociar los contratos de concesión de dos autopistas con la compañía extranjera Abertis y sus socias y reconocerles deudas millonarias. El conflicto con las concesionarias de autopistas nació con la crisis de 2001 por la pesificación y el congelamiento de las tarifas de peaje. Con dos de las concesionarias, el Estado llegó a un arreglo durante el kirchnerismo, pero tanto Autopistas del Sol SA (Ausol, acceso norte) como el Grupo Concesionarios del Oeste SA (acceso oeste) rechazaron las propuestas del Estado en aquel entonces. La denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau, Carlos Castagneto y Adrián Grana (FpV) demuestra con documentos públicos que recién cuando Macri se perfilaba como posible presidente, tras las PASO de agosto de 2015, y más tarde cuando estaba por asumir, la principal accionista de Ausol (Abertis) presentó una demanda contra el Estado argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal en el que varias empresas con capitales extranjeros han demandado al Estado argentino cuando sus reclamos no son atendidos en el país o directamente son rechazados.   Esa demanda fue tomada poco después como argumento por el gobierno de Macri para cerrar un acuerdo con las concesionarias y pagarles una deuda de US$ 500 millones a Ausol y US$ 247 millones, según reconocieron los funcionarios consultados por PERFIL (ver aparte). Cuando Abertis presentó la demanda todavía era socia de Sideco (principal empresa de los Macri) en Ausol. La empresa de la familia presidencial tenía el 7% de las acciones de la concesionaria. Las vendió en 2017. El acuerdo con el macrismo fue posterior, pero la denuncia sostiene que los hechos no están desconectados entre sí. El 17 de julio, el fiscal Carlos Stornelli requirió la apertura del expediente ante el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral. Solicitó copia de todas las intervenciones de los distintos organismos del Gobierno que participaron del acuerdo con las concesionarias. Hay un punto central que el juzgado debe analizar, de acuerdo a fuentes con acceso directo al expediente: ¿qué posibilidades tenía realmente la concesionaria vinculada a los Macri de ganar un juicio en el Ciadi (reclamaba US$ 1.135 millones)? ¿Realmente el Estado argentino ganaba cerrando un acuerdo por casi US$ 500 millones a favor de la compañía para evitar ese juicio? ¿O la demanda de la concesionaria ante el Ciadi era inviable? Las respuestas a estas preguntas son la clave del próximo frente judicial de Macri y varios de sus funcionarios. Además de hacer lugar a los pedidos del fiscal, el juez tramitó un exhorto a los Estados Unidos para que el Ciadi envíe a la Argentina los trámites que demostrarán cómo fue el intercambio y la negociación del gobierno de Macri y la empresa concesionaria. Ex ejecutivos de Autopistas del Sol SA ahora son funcionarios ¿Por qué el gobierno de Macri se apuró a cerrar un acuerdo con la ex socia de su familia? ¿Por qué no litigó contra la compañía? ¿Qué tanto se beneficiaron los Macri y sus ex socios con esta renegociación “apurada” de los contratos (ya que el valor de las acciones que vendió Sideco crecieron exponencialmente tras la asunción de Macri)? ¿Qué tanto perdieron los argentinos con este acuerdo y el pago de la deuda a Abertis? Estas son las líneas de investigación del expediente, según pudo reconstruir PERFIL en las últimas semanas con acceso a fuentes directamente abocadas a la causa.   Versiones del Gobierno y silencio de empresas En Transporte, voceros del ministro Guillermo Dietrich afirmaron que “los contratos se extendieron hasta 2030 para evitar que Argentina afronte un litigio en el CIADI por incumplimientos contractuales” y que “en caso de arbitraje, al Estado le hubiera costado US$ 3.000 millones”. Lo mismo sostuvo Javier Iguacel ante la consulta de PERFIL. El ex director de Vialidad que llevó adelante la negociación incluso reconoció “presiones” de la concesionaria para forzar un acuerdo desde el inició del gobierno de Macri y dijo que “a pesar de ello” obró para buscar “el mejor acuerdo para el Estado” y no cerró ningún acuerdo hasta que los Macri vendieron sus acciones en Ausol. “Lo que se resolvió fue tras las recomendaciones de la OA, la Procuración del Tesoro y la Sigen”, agregó Iguacel. PERFIL consultó a voceros del grupo Macri pero no obtuvo respuesta. La empresa concesionaria contestó que “no va a hacer declaraciones”. La Procuración del Tesoro solicitó más tiempo para responder debido a que se encuentra inmersa en el caso YPF. La Procuración del Nacional del Tesoro es un organismo clave en este caso. Su misión es ejercer como abogado defensor de los intereses del Estado Nacional, es decir, del bolsillo de los argentinos. Representa al Estado frente a los reclamos judiciales de empresas, concesionarias y proveedoras.