La Justicia aceptó la demanda por el impuesto al gas pero no la cautelar

El Juzgado Federal Nº 1, a cargo de Héctor Zucchi, admitió la demanda judicial promovida por la Unión de Usuarios y Consumidores tendiente a que se declare inconstitucional el decreto 2.067/08, que impone fuertes subas en las facturas de gas.
Así lo hizo saber a La Capital la institución que defiende los derechos de los consumidores, que también había antepuesto una medida cautelar para suspender provisoriamente la suba, del que este diario dio cuenta en ediciones pasadas. Sin embargo, esta última acción no tuvo la misma suerte y fue rechazada, porque —a criterio del juez actuante— la Unión debe obtener el beneficio de litigar sin gastos, o bien prestar contracautela para afianzar los eventuales perjuicios que ocasione un pronunciamiento adverso de la Justicia.

En los últimos dos meses intendentes, jefes comunales y representantes institucionales de la zona se pronunciaron contra el denominado “tarifazo de gas” e insistieron en derogar el decreto nacional. Casilda, Chabás, Firmat, Las Rosas, Elortondo, Villada, Los Molinos, San José de la Esquina, Bigand, Arteaga y Armstrong, entre otras localidades, participaron de las diversas reuniones, así como legisladores provinciales.

Respecto de las tarifas, el ministro de Planificación, Julio De Vido, dijo días atrás que impactarán sólo sobre el 18 por ciento de los usuarios, que es el que más consume (ver aparte).

Preocupación. Patricia Ferraretto, apoderada de la Asociación en Casilda, se mostró preocupada por las repercusiones del fallo judicial y dijo que de consagrarse en una segunda instancia el pronunciamiento implicaría “que no sólo la Unión de Usuarios, sino ninguna asociación del país podrá litigar en defensa de derechos colectivos de usuarios de servicios públicos, ya que no están en condiciones de afrontar tamañas exigencias patrimoniales, y tramitar el beneficio de litigar sin gastos torna ilusoria la defensa de esos derechos, los que con una sola medida judicial corren el riesgo de sufrir un avasallamiento inmediato e irremediable”.

Los demandantes recuerdan que la reforma de la ley 24.240 fija que las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva “cuentan con el beneficio de Justicia gratis”, y ello implica “la posibilidad de que los usuarios se vean alentados a nuclearse y defender eficazmente sus derechos”. Esta conquista legal de raigambre constitucional, dicen desde la Unión, fue “desconocida por el juez” al afirmar en su fallo que “ello no implica la concesión de un bill de indemnidad para las asociaciones de consumidores y usuarios”. Es decir que las asociaciones, una vez que hallen habilitada gratuitamente la jurisdicción, deberán “atenerse a las vicisitudes del proceso, incluida la condena en costas, de cuyo pago sólo podrán eximirse si cuentan con una sentencia firme que les acuerde el beneficio de litigar sin gastos”.

Apelación. Según las abogadas patrocinantes de la acción, cuando se reestablezca la actividad tras el receso por la emergencia sanitaria, la denegatoria de la medida cautelar será apelada. Mientras, aconsejan a los afectados por la suba de facturas que concurran a la Unión de Usuarios y Consumidores, Sargento Cabral 523, en Rosario.

Además recordaron que desde el 1º de septiembre, el impacto de la medida se sentirá con más fuerza, ya que cesa el decreto que postergó la aplicación de las subas para usuarios que consumen entre mil y 1.500 metros cúbicos anuales, lo cual amplia mucho la cifra de afectados

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