La Justicia aceptó un amparo contra los aumentos de la luz.

La Asociación Protectora denunció que no se informó correctamente a los usuarios sobre el alcance de la suba vigente desde octubre y cómo evitarla. Reclaman la devolución del dinero. El fuero civil deberá resolver.
En defensa del derecho a la información de los usuarios, afectado por no difundirse adecuadamente las excepciones y formas de ahorro frente a los últimos aumentos que impactaron en la tarifa eléctrica de Mendoza, la entidad de defensa del consumidor Protectora interpuso un recurso de amparo ante el fuero civil para pedir que se reintegren los montos diferenciales pagados en las últimas cuatro facturas.

La medida de acción colectiva va contra el Gobierno, el EPRE y las 3 principales distribuidoras, y alcanza a los segmentos residenciales T1R1 y T1R2. Esto a partir de los alcances de la resolución 1169/08 de la Secretaría de Energía de la Nación, que fijó nuevas tarifas con mayor incidencia por encima de los 1.000 kilovatios bimestrales a partir de noviembre pasado, oficializado por el ente regulador mendocino a través de la disposición n° 264/08.

"Los usuarios no recibieron oficialmente información antes de consumir, sobre las características del aumento a través de los distintos medios existentes como correo, facturas, medios de difusión televisivos, radiales o cualquier otro que pudiera ser útil a los efectos de tomar conocimiento de la modalidad de aumentos escalonados en función del consumo", es la síntesis de la presentación ante el 15° Juzgado Civil, que apunta a beneficiar en principio a ciertas categorías como los multihogares, entre otras.

De ahí que en el amparo solicitan restituir los montos abonados por los usuarios del servicio eléctrico comprendidos entre las pequeñas demandas (Potencias hasta 10 Kw), en las categorías residenciales T1 R2 (entre 300 y 599 Kwh/mes) y T1 R3 (mayor o igual a 600 Kwh) prestado por las empresas demandadas, a partir de la aplicación de los aumentos dispuestos.

Esto comprende las 3 últimas boletas emitidas y pagadas por los consumidores, pero conforme no haya información adecuada, el proceso obligará también a Edemsa, Edeste y la Cooperativa a devengar el incremento en las próximas facturas.

Además, puede limitar el postergado incremento del 24% en la tarifa "si no se informa clara y oportunamente sobre cuánto consumir, las técnicas de ahorro de energía y las categorías que pueden quedar exceptuadas", advierte el abogado Giancarlo Spinetta, de Protectora.

La presentación del recurso se remonta a marzo, pero debió recorrer un camino escarpado habida cuenta de un cuestionamiento a la competencia judicial (por su vinculación a los alcances del Pronure, el programa nacional que impulsa el uso racional de la energía), que motivó la apelación de los patrocinantes ante la II Cámara Civil.

Finalmente, el 16 de junio ésta ratificó la acción colectiva junto a la jurisdicción provincial del fuero civil y dispuso que la medida volviera al juzgado de origen. Ahora, será la jueza Herrera de Viñals quien resuelva, aunque las partes denunciadas, en particular las prestatarias, ya pueden ser notificadas del planteo.

"Se plantea una infracción, que vulnera la Ley de Defensa del Consumidor, y por la cual más del 50% de los usuarios no pudieron elegir cuánto consumir para así contar con el beneficio de estar exentos de las subas", añade al respecto Spinetta, refiriéndose al artículo 25 de la norma.

Si bien se trata de una acción colectiva, está inspirada en el caso de Eduardo Sánchez, un vecino de Luján que convive en su casa con los grupos familiares de sus tres hijos, uno de ellos diabético insulino-dependiente; un total de 15 personas. Producto del aumento, Sánchez había recibido una factura con el doble del monto que pagaba habitualmente antes de octubre, de lo que derivó una primera acción civil contra el Estado provincial que ahora fundamenta la descripta.

El caso de Sánchez se encuadra en las "situaciones endógenas no contempladas", sobre la imposibilidad de bajar la demanda. Desde Protectora citan ejemplos: hogares sin agua corriente y con bomba, enfermos electrodemandantes por su tratamiento o grupos familiares numerosos que dependen de un solo medidor, "a los que no se puede castigar por su tipo de consumo".

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