Por una justa paritaria para todos los estatales bonaerenses.

Uno de los temas más urticantes y que tiene la virtud de un fuerte poder de convocatoria es la discusión salarial que, en estos días, está en plena ebullición entre los gremios y las patronales en la provincia de Buenos Aires.
El nivel alcanzado por las organizaciones sindicales ha dado como consecuencia una estructura sindical, que tiene fuerte presencia de las entidades gremiales que conforman el arco sindical de los trabajadores del sector público.

Hasta aquí se puede decir que, siendo una negociación difícil, brinda la posibilidad de que se vayan ajustando los mecanismos que, por un lado, garanticen la recuperación del salario y, por el otro, que no haya privilegios que no respeten el sagrado principio de “a igual función, igual sueldo”.

Ello no contradice el reclamo de los sindicatos del sector público, sino que afianza una responsabilidad laboral, donde los empleados públicos tienen y deben ejercitar derechos y obligaciones que, sin lugar a dudas, les competen cuando de reconocimientos laborales se trata.

Los gremios estatales mayoritariamente nucleados en Fegeppba tienen hoy un universo de trabajadores no inferior a los 60 mil adherentes. Se comprenderá entonces la enorme responsabilidad que pesa sobre la dirigencia gremial representativa. Aquí es importante destacar que existen propuestas de ajuste de los salarios que no llenan el justo reclamo y que se establecen diferencias que crean una suerte de injusticia distributiva que seguramente merecerán críticas y reacciones.

Ante la eventualidad de que el gobierno -por el rechazo de los gremios a los exiguos aumentos anunciados en la primer reunión de paritarias- mejore dicha corrección salarial, deberían contemplarse especialmente aquellos sectores -amplios de trabajadores- que, por régimen horario y situación escalafonaria -alrededor del 60% de la administración pública- perciben salarios que apenas superan la línea de pobreza. Es decir, cualquier porcentaje no gravita de la misma forma para sueldos que promedian los $ 1.400 que para aquellos que promedian los $ 3.000.

Dependerá ahora de los criterios y esfuerzos del Estado provincial para que la respuesta a estas fuertes inquietudes se materialice justa y rápidamente, para evitar de esta manera tener trabajadores de primera y de segunda dentro del marco de la administración pública

bonaerense.

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