El jury rechazó la apelación de Peres

El ex presidente del TdeC cuestionó la ley de enjuiciamiento, los plazos y el derecho a defensa en el recurso de apelación, pero ningún argumento fue tenido en cuenta. Lo mismo se le respondió a Rivero.
El jurado de enjuiciamiento resolvió ayer lo esperado: dijo por unanimidad que las destituciones de Natalio Peres y Rubén Rivero son irrecurribles, de acuerdo a la ley 313, y de esa forma confirmó las condenas dictadas contra ambos el domingo 1 por "mal desempeño de sus funciones, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, e incompetencia o negligencia reiterada demostrada en el ejercicio del cargo".

Peres, ex presidente del Tribunal de Cuentas, y Rivero, ex vocal, cuestionaron todo en los recursos de apelación: los tiempos procesales, la inconstitucionalidad de la ley y la violación de los derechos de defensa y debido proceso. Sin embargo, los cinco jurados les respondieron con un "no" tajante.

El presidente del cuerpo, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Menéndez, los diputados Patricia Lavín y Martín Berhongaray, y los abogados Marcos Emil Koncurat y Marina Vanini expresaron que el artículo 46 de la ley 313 de Jurado de Enjuiciamiento, vigente desde hace 45 años, es muy claro: señala que las resoluciones del cuerpo son irrecurribles. Igual se espera que los funcionarios destituidos intenten ir en queja al Superior Tribunal de Justicia. El texto indica que "contra el fallo no cabe recurso alguno, salvo el de aclaratoria, que podrá interponerse dentro de las 24 horas".

Con relación a los tiempos del proceso -para los imputados el plazo de 90 días que fija la norma había vencido a mediados de febrero-, el jury contestó que ese cuestionamiento ya había sido respondido anteriormente y que no era necesario repetirlo. Su criterio fue que se cuentan los días hábiles y a partir del momento de la aceptación de la denuncia, por lo que no dejaron vencer los 90 días.

En otro punto de la resolución, el cuerpo sostuvo que Peres y Rivero en ningún momento demostraron que se hayan violado derechos de la defensa, y agregó que no podían venir ahora a cuestionar la ley aplicada después de haber aceptado el proceso de enjuiciamiento.

Total desinterés.

Los ex funcionarios fueron destituidos de sus cargos por no controlar -o controlar mal- las cuentas 10.313/6 y 11.314/4 del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, por donde se desviaron 960.000 pesos entre 1999 y 2003. "Tanta fue la informalidad detectada, que en algunas ocasiones se rindió una determinada suma consignada en un cheque y se indicó haber realizado un pago de sensible mayor cantidad", llegaron a escribir los jurados en el fallo dictado hace algo más de dos semanas.

Peres -que retuvo un cargo categoría 2 y concurre diariamente a la Subsecretaría de Trabajo, aunque no cumple el mismo horario que el resto de los empleados- y Rivero adujeron que la facultad de aprobar los gastos y rendiciones era de los relatores y que si no formulaban observaciones, ellos no podían hacer nada.

El jury les respondió que " advertimos que ha existido absoluto desinterés en efectuar el control impuesto por la ley" y añadió que ambos imputados fueron responsables de "la ineficacia del sistema y la evidente posibilidad de fraudes en perjuicio del patrimonio del Estado".

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