Juristas insisten con reformar la Magistratura

Un grupo de abogados, jueces, académicos y organizaciones civiles darán a conocer mañana sus propuestas para reformar el Consejo de la Magistratura. Quienes consideran que es urgente volver atrás con la modificación que en 2005 impulsó la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner plantean tres puntos centrales: que el organismo regrese a su antigua composición, que su presidencia esté a cargo de un juez de la Corte Suprema y que el Jurado de Enjuiciamiento sea estable y no semestral como en la actualidad.
El documento es el resultado de una serie de mesas de trabajo que se realizaron durante los últimos meses en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. Tal como en los encuentros, en la redacción de las conclusiones se vuelve a hacer hincapié en la "amenaza a la independencia del Poder Judicial" que implica seguir sosteniendo el Consejo de la Magistratura tal como funciona hoy.

"El equilibrio no es una mera recomendación sino una regla esencial", aseguran los protagonistas, entre ellos el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo; el ex juez, hoy diputado electo por el Acuerdo Cívico y Social, Ricardo Gil Lavedra; y Enrique del Carril, titular del Colegio de Abogados, asociación que ya tiene redactado un proyecto de ley que, justamente, sirvió de base para la discusión.

La primera reforma "necesaria" es reestablecer la estructura de composición anterior, con algunos retoques. En lugar de 20, el texto habla de 18 integrantes distribuidos en tres representantes de la Cámara de Diputados, tres de Senadores, uno del Poder Ejecutivo, cuatro jueces, un miembro de la Corte, cuatro abogados y dos académicos. El proyecto también plantea que los legisladores deberían ceder su lugar a representantes designados por ellos. Actualmente, el Consejo está compuesto por 13 personas, con mayoría de miembros del poder político.

Los otros dos ítems que, según el documento, deben regresar al antiguo modelo son: la cabeza del Consejo –a cargo un juez de la Corte Suprema– y el Jurado de Enjuiciamiento, que busca instalar un tribunal permanente para reemplazar el actual, que es ad hoc.

"Las reformas introducidas en 2005 significaron un notable retroceso", finaliza el texto, que pone de ejemplo las 200 vacantes judiciales que aún no han sido cubiertas con jueces titulares y la "lenta" tramitación de los juicios políticos, instancia a la que llegaron sólo dos sumarios, desde 2007.

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