Los juristas hablan de "atropello institucional"

Los juristas hablan de "atropello institucional"
onstitucionalistas de distintos sectores cuestionaron con dureza el decreto presidencial que removió y denunció al jefe de la autoridad monetaria.
El Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó ayer la Presidenta junto a todo su gabinete abrió un nuevo debate sobre la legalidad de las normas que impulsa la Casa Rosada. Al debate jurídico sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la creación del Fondo del Bicentenario, que prevé la utilización de reservas para el pago de deuda, se sumó ayer una discusión sobre el apego o no a la Constitución Nacional de la forma en que Cristina Fernández de Kirchner expulsó del Banco Central a su presidente, Martín Redrado.

"Atropello" fue la definición que más reiteraron ayer los especialistas al analizar el DNU que echó al funcionario y ordenó denunciarlo penalmente por "mala conducta" e "incumplimiento en el desempeño de funcionario público".

El abogado Félix Loñ, cercano al radicalismo, sostuvo que "se está atropellando al Banco Central" y señaló que este tema "es sumamente delicado desde el punto de vista institucional". "Evidentemente (la Presidenta) se expone al juicio político porque no se justifica el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia" inicial en donde se dispuso de las reservas del Banco Central para el pago de la deuda, afirmó.

Mientras tanto, el constitucionalista Gregorio Badeni advirtió que "es de dudosa validez" el nuevo decreto, pero a la vez advirtió que "sería un escándalo innecesario" si el funcionario se negara a abandonar su cargo.

"Los derechos hay que hacerlos valer por vía judicial; (Redrado) debe retirarse del Banco, no esperar que se requiera del auxilio por la policía", aseguró el letrado. Unas horas más tarde, poco antes de la medianoche, el economista dejó el edificio del Banco Central y desde su entorno se anunció que en las próximas horas presentarán un recurso de amparo. "La posibilidad de cuestionar la validez del decreto está, pero el que debe decidir es el Poder Judicial", agregó Badeni.

El ex camarista y actual diputado nacional radical Ricardo Gil Lavedra analizó que "hay una ley que le da estabilidad a determinados funcionarios para estar preservados del abuso de poder y la misma Presidenta firma un decreto para sacarle esa estabilidad".

Por su parte, el constitucionalista Daniel Sabsay aseguró que "esto es una locura, una esquizofrenia, porque cumplir con el primer decreto hubiera sido incumplir con la Carta Orgánica del BCRA, pero ahora que no lo cumplió lo acusan de incumplimiento de los deberes". Sabsay insistió en resaltar la inconstitucionalidad de los dos decretos firmados por la Presidenta y señaló que en ninguno se dieron "las circunstancias excepcionales para no dar intervención al Congreso".

Sabsay explicó que las autoridades del BCRA sólo podrían ser removidas si se comprobara alguna irregularidad tras ser sometidas a una suerte de juicio político donde se comprobara "un mal desempeño o algún incumplimiento grave", pero no por no haber llevado adelante una orden presidencial ya de por sí cuestionada.

En cambio, el abogado Eduardo Barcesat avaló la medida y afirmó que "el decreto es constitucional, porque es la facultad que tiene el Presidente de remover a un funcionario por mal desempeño o incumplimiento de sus funciones"

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