El jurista Pérez Guilhou critica proyecto para la reforma constitucional

El jurista Pérez Guilhou critica proyecto para la reforma constitucional
Sostiene que cambiar las mayorías fijadas por el artículo 221 puede llevar a que cualquier gobernante se tiente. La polémica.
La flexibilización de requisitos para futuras reformas constitucionales que pretende el Gobierno a través de la modificación del artículo 221 -que enfrenta ciertas dificultades para su concreción, fundamentalmente en materia de tiempo- ha reabierto el debate sobre su legitimidad.

A criterio de algunos opositores y de especialistas en derecho, como Dardo Pérez Guilhou, se está enfocando el tema desde el punto de vista de lo formal, de consideraciones flexibles que -sostienen- se apartan del espíritu de los constituyentes y daña a nuestra Carta Magna.

Lo que pretende el Poder Ejecutivo es que, al hablar de "mayoría", se entienda que será más de la mitad de los que efectivamente voten y no de los empadronados los que decidan futuras reformas constitucionales, cambiando así lo dispuesto en el artículo 221 de la Constitución provincial que data de 1916.

El planteo no es nuevo. Hubo más de un debate en torno al tema, como el que se generó en 1989, cuando intervino la Suprema Corte de Justicia y consideró que esa mayoría que menciona la Carta Magna está referida al total del padrón de electores y no al total de votantes como pretende ahora el oficialismo.

Con la intervención de la Corte, se cerró la discusión hasta ahora, cuando nuevamente desde un gobierno provincial se intenta cambiar esa interpretación e incluso puede llegarse, en principio, a un consenso legislativo sobre el proyecto entre el peronismo y la alianza entre cobistas y radicales para llevarlo así a consideración de los ciudadanos en las elecciones del 28 de junio.

Más allá de el derrotero que siga este proyecto de ley, igualmente ha vuelto a tomar vigencia y ha sido motivo de cuestionamientos.

El jurista especializado en derecho constitucional, Dardo Pérez Guilhou, sostiene que esta intención de que se tenga en cuenta los votos y no los electores, es decir, el padrón, no es una cuestión meramente formal, como se la pretende presentar, sino que ataca una situación de fondo: es decir nada menos que el principio fundamental de legalidad.

Considera que de esta forma se deja de lado la necesaria rigidez que impide distorsiones y desvíos de los principios constitucionales. Ese criterio, de acuerdo con el análisis de éste y otros especialistas, no existe en la iniciativa del oficialismo.

Dicho en otras palabras, se considera que la actitud del Gobierno dista mucho de lo que sostuviera Alberdi, para quien es riesgoso tratar de modificar constantemente una Constitución y que la pauta a seguir es la de mantenerla legalmente estable.

"Esa estabilidad legal-enfatiza Pérez Guilhou- sólo puede cambiarse por razones excepcionales". Entiende que sin tales exigencias, si se reduce la necesaria rigidez, se debilita el texto constitucional de tal manera que se coloca a cualquier gobernante, que tenga una cierta mayoría, a producir constantes reformas, con las consiguientes desviaciones de la norma original".

En ese sentido, los legisladores demócratas, que rechazan la reforma del artículo 221, coinciden con este punto de vista. El diputado Alberto Sánchez aludió al riesgo de caer en "continuos toqueteos", que dañarían la perdurabilidad de la norma fundamental.

En el pensamiento de Pérez Guilhou, negar ese principio rígido de reforma es ignorar presencia a la voluntad popular. Incluso no vaciló en sostener que lo que se pretende hacer "responde a un principio antidemocrático".

Dijo que todo ello reposa en el principio de la soberanía del pueblo, tal como lo expresa taxativamente el artículo 4° de la Constitución provincial, donde se destaca que de la soberanía del pueblo emanan todos los poderes. No soslaya además este jurista el hecho de que Mendoza tiene repartido el poder en tres fuerzas.

Esta situación obliga necesariamente a buscar el consenso del conjunto si se quiere producir una reforma, "si se quiere actuar democráticamente y no en forma caprichosa e independiente", dijo.

Adaro y los nuevos tiempos

El Gobierno, a través del ministro Mario Adaro, que pretende una reforma integral de la Constitución, defiende el proyecto oficial diciendo que "tal como está redactado el artículo 221", sumado a la interpretación que hizo la Corte, "torna en un objetivo casi imposible tocar la Constitución".

Y en esto, apela al principio de la realidad, "que nos demuestra que la gente cada vez participa menos en los actos eleccionarios. Las mayorías que tenía prevista la Constitución son más amplias y no responden a las cifras reales", señala.

Añade que "tenemos que tener en cuenta a aquellas personas que han tomado la decisión de participar y no la de los que no tienen voluntad de hacerlo". El debate continuará las próximas semanas, pues los plazos para convocar al referéndum obligan a aprobar en un par de semanas la reforma del 221.

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