El Jurado de Enjuiciamiento analizará planteos de nulidad

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que tramita la acusación promovida por el procurador general, Pablo López Viñals en contra del juez del Trabajo 1, Carlos Alberto Herrera, se reunirá hoy, a partir de las 9, para analizar dos pedidos de nulidad planteados contra la resolución que declaró la admisibilidad formal de la acusación.
El 31 de agosto pasado el Jurado declaró admisible el pedido de juicio político, y suspendió al juez en el ejercicio de sus funciones, mientras se tramita el proceso. La defensa del juez Herrera planteó la nulidad de esta resolución. Curiosamente, el otro planteo es del propio procurador general, quien pretende que el Jurado abran el proceso de juicio político por los diez hechos que le imputaba al magistrado. En cambio, el Tribunal de Jury declaró admisible la acusación solo sobre tres hechos, y rechazó la acusación respecto de los otros siete, porque se refieren a causas de vieja data.

López Viñals sostiene que el juez Herrera debe ser destituido, por haber incurrido en por mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. Pero el hecho de que reflotara viejos procesos judiciales no ha hecho más que agigantar las suspicacias que ya existían sobre los motivos de esta acusación. Hay quienes interpretan que el pedido de destitución es una respuesta a la decisión del juez de hacer lugar a un amparo solicitado por la empresa Centro Imagen en contra de la Sociedad Anónima de Transporte Automotor (SAETA), de la cual se sospecha que habría actuado como fuente de financiación de la campaña del candidato oficialista en las elecciones legislativas de junio último.

La defensa también planteó la nulidad de la última resolución del jurado que acordó el reinicio del plazo de apertura a prueba de la causa. El Jurado es encabezado por el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Posadas, y su integración se completa con el juez de Corte Gustavo Ferraris; los senadores Jorge Pablo Soto y José Luis Valle; los diputados provinciales Pedro Sández y Julio De Vita; los abogados Guillermo López Mirau (designado por el senado) y Mónica Antacle (designado por Diputados) y el Fiscal de Estado, Ricardo Casali Rey.

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