Pero lo cierto es que, ese día, la Junta Electoral Provincial (JEP) registró 53 denuncias que comprenden desde el relato de una balacera en la sede del partido Compromiso Ciudadano Independiente hasta la manifestación del ciudadano G. G. U. de que fue amenazado por Armando Cortalezzi, candidato a concejal alperovichista (los nombres de los denunciantes se mantienen en reserva para evitar posibles represalias). En las antípodas del escenario de dádiva electoral desenfrenada, el informe de incidentes de la JEP indica que sólo hubo tres denuncias relacionadas a la distribución de bolsones. 

Esa casuística específica presenta dos denominadores comunes: 1) las denuncias refieren a bolsoneos ocurridos en el ámbito de la Capital y 2) la Policía, fuerza que depende del Poder Ejecutivo, no pudo corroborar los hechos, siempre según el informe de la Junta. El primer caso de supuesto clientelismo responde a la presentación que articuló el ciudadano H. E. G., que advirtió sobre el reparto de bolsas de comida en el club All Boys (calle Uruguay 1.550), que preside Julio Luna, hijo del sindicalista homónimo de Luz y Fuerza.

El informe del órgano encargado de organizar y controlar el proceso electoral exhibe otras dos verificaciones concretadas como consecuencia de órdenes impartidas por el secretarioDarío Almaraz. Una de ellas tuvo lugar en la intersección de las calles Guatemala y Lola Mora, punto ubicado al sur del parque 9 de Julio y próximo al sector de La Costanera. La Policía tampoco vio nada allí pese a que la fotografía publicada en esta página muestra una escena de presunto bolsoneo en la esquina en cuestión (LA GACETA informó el hallazgo en directo por medio de su edición digital). La otra constatación infructuosa ocurrió al sur de la avenida Roca, en la calle Olleros entre Pellegrini y Frías Silva.

La escasez de denuncias de clientelismo contrasta con las previsiones de la propia JEP, que en una resolución del 30 de julio advirtió sobre su proliferación, e instó a la sociedad a denunciar esta práctica y a la Policía a prevenirla. El tema, además, está en boga más que nunca: la oposición lo esgrime para exigir la nulidad de los comicios y el propio gobernadorJosé Alperovich admite que todos los contendientes se valieron, en alguna medida, de los bolsones. 

El resumen confeccionado por el órgano que encabezan el juez Antonio Gandur(presidente) y la fiscala Ana María Rosa Paz (vocal) no exhibe denuncias relacionadas con el acarreo de votantes, práctica cuya generalización llamó la atención a Sebastián López Calendino, jefe del equipo de veedores de la Universidad Nacional de La Plata. En cambio, la JEP dice que sí ingresaron reclamos por la designación de parientes de candidatos como autoridades de mesa en la comuna de Quilmes y Los Sueldos (“el dato fue verificado y descartado”, consignó); por falta de boletas en diferentes escuelas; porque en el padrón figuraba un elector fallecido; porque un fiscal de un partido político se hizo pasar por veedor; por fraude electoral y porque los fiscales no pudieron desarrollar su función. La mayor cantidad de denuncias obedecen a ciudadanos que no pudieron votar, ya sea porque no tenían el DNI indicado en el padrón o porque alguien había votado antes por ellos.