La Junta Federal de Cortes condenó dichos de Capitanich hacia el STJ

Sostienen que el gobernador incurrió en «un clásico operativo de descrédito» hacia el máximo tribunal provincial.

La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rechazó la imputación hecha por el gobernador Jorge Capitanich a los ministros del Superior Tribunal de Justicia, tras haber sido rechazado por el máximo tribunal el pedido de inconstitucionalidad de la Ley 6028, y lo instó a actuar por los carriles adecuados en el marco de la institucionalidad y la independencia de poderes. Sostiene que la acusación es más grave aún cuando se inscribe en «un clásico operativo de descrédito».

Asimismo, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia reafirmó los criterios expuestos en las anteriores declaraciones, y con apoyo en las conclusiones elaboradas en las Conferencias Nacionales de Jueces convocadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recordaron que la independencia de los jueces es un pilar esencial del estado de derecho.

Según expresaron que «esa independencia puede ser afectada de modos diversos, tanto por presiones de los poderes políticos, supuesto quizás el más grave, como por grupos privados con capacidad para generar acciones que ponen en riesgo la persona, la honra o los bienes de los jueces, acciones que frecuentemente vienen estimuladas o resultan aprovechadas por dichos poderes, así como por injustificadas afectaciones presupuestarias». Asimismo, aseguran que «la manifestación de un eventual desacuerdo con la decisión judicial, debe canalizarse a través de los recursos y procedimientos previstos en la ley, para que las instancias judiciales superiores (local y nacional, en su caso) revisen las resoluciones impugnadas. Este es el sistema vigente en el estado de derecho, como el método de resolver pacíficamente las controversias y contribuir a la paz social».

En este sentido, la Junta Federal condenó la imputación hecha por el gobernador de la provincia del Chaco a los ministros de su Superior Tribunal, de haber incurrido en una «conducta golpista» inducida por una dependencia a un sector político opositor, eludiendo, en cambio, acudir a los mecanismos constitucionales y/o legales, lo que constituye una incursión en terrenos vedados por el compromiso de organizar su administración de justicia.

«Esto es más grave aún cuando se inscribe en un clásico operativo de descrédito dirigido contra los jueces, aprovechando o estimulando con ese propósito las conductas de grupos, a veces los que resultaron perdidosos en los litigios en que intervenían, otras quienes encubren reclamos sectoriales buscando verlos satisfechos mediante estas presiones empleadas extorsivamente. Estos hechos se replican, lamentablemente, en otras provincias», sostuvieron los miembros de la Junta Federal.

Por este motivo, la Junta Federal exhortó: «A todos los sectores interesados, a la prudencia y respeto a las instituciones, evitando conductas impropias, susceptibles de alterar el estado de derecho, la credibilidad de las instituciones y la pacífica convivencia».

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