Julio Alegre aparecería vinculado con nueve empresas que son investigadas

Los informes y testimonios permitieron arribar a esa conclusión al juez Coria Vignolo. Varias empresas serían proveedoras del municipio y cobrarían importantes montos mensuales.
La recopilación de información y el entrecruzamiento de datos permitieron a la Justicia establecer que Julio Fernando Alegre tendría vinculación con nueve emprendimientos comerciales, dos de los cuales son sociedades que tienen su sede en la República Oriental del Uruguay.

Si bien no aparecería directamente como titular de alguna de ellas, reconocieron fuentes judiciales, sí hay fuertes indicios de que familiares y allegados a él son los que las manejaban.

En el caso de las sociedades anónimas uruguayas, es María Marta Feijóo la que aparecería presidiendo una de ellas e integrando el directorio de la otra, según consta en la resolución dictada por el juez Juan Ignacio Coria Vignolo.

Se trata de Eutalary y Coraltion, las que habrían realizado operaciones de compra de inmuebles en Punta del Este y en la ciudad de Córdoba, además de que habría recibido en cesión el automóvil Mercedes Benz que había señado -el pasado verano- el entonces secretario de Coordinación de Gabinete del municipio, Rodolfo Mema.

Más cercana, geográficamente hablando, aparecería Alesan SRL, firma que explotaba la vaquería Side One en una galería céntrica de Santiago. Sus dueños serían Julio Alegre y su esposa, Ramona Segura. Para esta firma, el abogado Joaquín Silva Areal habría adquirido un galpón en alrededor de $ 450.000 en la calle Rodríguez de esta ciudad.

En la extensa nómina de razones sociales atribuidas, indirectamente al ex jefe comunal, surgiría una llamada Enhegual SRL, cuya sigla los investigadores sospechan correspondería a Enzo Herrera y Gustavo Alegre, asesor financiero y hermano del ex funcionario. Aparentemente, esta firma sólo figuraba en los papeles, pero no habría llegado a facturar.

Distinta es la situación de La Mula SRL, que habría llegado a percibir $200.000 mensuales por servicios que prestaba a la municipalidad capitalina. Sus supuestos propietarios son Enzo Herrera y familiares políticos de la escribana María Cecilia Vittar, quien fue pareja del ex intendente.

En cuanto a La Productiva de Norte SRL, también proveedora de bienes y servicios para el municipio, sus dueños serían Enzo Herrera y David Alejandro Drube, quien trabajaba en la Defensoría del Pueblo de la Capital con el hermano del ex intendente.

Herrera vuelve a figurar, pero esta vez junto a Jorge Vittar, como presuntos titulares de Contenoa SRL, una firma que se encargó durante algunos meses del tratamiento de los residuos domiciliarios y que alquilaba contenedores a la comuna, que eran colocados en distintos barrios para que allí los vecinos arrojaran ciertos desechos.

Finalmente, la sociedad llamada Granda SRL estaría conformada en los papeles por Herrera y su pareja, Nancy Estela Moisés, aunque "en la realidad se pudo constatar con las constancias de autos, que es el propio Gustavo Alegre (hermano de Julio Alegre) quien es el socio de Enzo Herrera en esta sociedad que también es proveedora del Estado", dedujo el magistrado en su resolución.

Enzo, el vendedor

El testimonio de Franco Leonardo Barrionuevo Galván, empleado de la vaquería Side One, habría dejado en evidencia que Enzo Herrera supuestamente actuaba como su jefe y dueño del comercio, más allá de que concurriera la mujer de Julio Alegre para trabajar allí.

El testigo refirió que "en cierta oportunidad se presentó un problema porque éste (por Herrera) le había ordenado al declarante que no permitiera a la esposa de Julio Alegre ingresar en el negocio".

Un dato llamativo era que el propio Herrera aparecía en la organización interna como vendedor Nº 3, que era el encargado de las operaciones que se hacían con presuntos clientes del interior.

Más allá de que el joven no viera salir mercadería con destino a localidades del interior, casi todos los días Herrera aparentemente confeccionaba facturas por ventas que iban entre los $4.000 y los $60.000, operaciones que se cargaban en las computadoras del negocio, aunque para los investigadores éstas habrían sido ficticias.

Por otro lado, Barrionuevo Galván manifestó que "se pagaban $3.000 de alquiler y $2.500 en sueldos" por mes. 

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