Es que en aquellos distritos que adhirieron a la nueva normativa la cantidad de demandas contra el sistema se contrajo en forma significativa a la par que se multiplicaron en aquellas provincias donde aún no rige la reforma que dispone el establecimiento de las comisiones médicas jurisdiccionales como la instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente antes del inicio de cualquier juicio contra el régimen de ART.

 

 

Ese escenario sacude principalmente a la provincia de Buenos Aires, donde sigue demorada la aprobación por parte del Senado bonaerense de la ley de adhesión a la reforma nacional. En ese cuadro, los datos relevados por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) advirtieron ayer que durante agosto, y por segundo mes consecutivo, se acentuó la reducción en la cantidad de juicios iniciados en el territorio porteño con una caída interanual de 24%.

 

 

También en Córdoba, otro de los distritos que adhirió a la ley nacional, la reducción fue del 6%. Mientras, en la provincia que gobierna María Eugenia Vidal se registró un incremento del 58% en las demandas notificadas en comparación con el mismo mes de 2016. Según el análisis de los actores del sistema, esa situación evidencia una especie de "mudanza" de juicios que previo a la reforma se tramitaban en los tribunales porteños y que ahora se sustancian en el territorio bonaerense donde no rigen aún la obligatoriedad de las comisiones médicas.

 

 

Justamente frente a ese escenario las principales cámaras empresarias de la provincia renovaron en las últimas semanas la presión sobre las autoridades provincias para acelerar el trámite de adhesión a la reforma, con el argumento de que la enfrentan una situación de "competencia desleal" con las firmas ubicadas en los distritos donde ya tiene vigencia la nueva normativa.

 

 

El proyecto de adhesión provincial a la ley nacional 27.348 ya cuenta desde hace meses con media sanción de la Cámara de Diputados bonaerense, pero su tratamiento está paralizado en el Senado por la falta de acuerdo político entre el bloque de Cambiemos y las fuerzas políticas de oposición. La expectativa del gobierno bonaerense es lograr destrabar la iniciativa en las últimas semanas de septiembre y lograr la sanción de la norma apenas transcurran los comicios legislativos de octubre.