El juicio oral y público que se está desarrollando en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual transita sus últimos momentos. Este jueves fue el turno de los alegatos para los abogados defensores, y tras la última palabra de los imputados, este viernes al mediodía se oirá la sentencia.

Al debate llegaron imputados Alejandro y Gonzalo Aguirre–padre e hijo- quienes fueron acusados de captar, trasladar y explotar sexualmente a dos hermanas de 15 y 16 años, que fueron engañadas en Florencio Varela con falsas propuestas de trabajo; y de la captación y traslado de una tercera víctima, cuya explotación no llegó a consumarse. En este tercer caso, habría intervenido la tercera acusada, quien se declaró también víctima durante la audiencia inicial del juicio.

Para los principales imputados, el Ministerio Público Fiscal –representado por el fiscal de Distrito Daniel Adler y el fiscal de Dolores Orlando Giménez- pidió 16 y 8 años de prisión, respectivamente. Mientras que para la otra acusada, solicitó la absolución por entender que no estaba acreditada la participación criminal en el hecho.

Este jueves, en el marco de la etapa de alegatos, Héctor Zamora –abogado de los principales imputados-, consideró que no se había acreditado el cuerpo del delito ni la participación de sus defendidos; y que eventualmente requería el mínimo de la pena.

Por su parte, la defensora oficial Carolina Muñoz, pidió la absolución de su defendida, al compartir el criterio del alegato del representante del Ministerio Público Fiscal. A su vez, requirió asistencia social y jurídica para su representada, a quien consideró víctima del delito de trata de personas.

Para mañana viernes está previsto que a las 9 digan sus últimas palabras los imputados, antes de escucharse el veredicto de los jueces Mario Portela, Roberto Falcone y Néstor Parra, que se dará a conocer a las 12.30.

Los hechos juzgados

 Durante su alegato, el representante del MPF había dejado constancia de que el 18 de enero de 2013, Alejandro Aguirre fue a Florencio Varela y previo requerir la autorización de la abuela de las menores de edad –hoy fallecida- “les prometió en forma engañosa y aprovechando su situación de vulnerabilidad, trabajo de verano en Pinamar, cuando en realidad el propósito final era explotarlas sexualmente”. Las niñas tenían entonces 15 y 16 años, habían quedado huérfanas y al cuidado de sus abuelos, quienes carecían de ingresos e incluso ellas mimas trabajaban para mantener a sus hermanos, uno de ellos discapacitado. La más grande había tenido un embarazo reciente, perdiendo su hijo al nacer.

A la mañana siguiente, Aguirre las llevó en el automóvil Renault Logan de su hijo Matías, desde el conurbano hacia Pinamar. Durante el viaje, de acuerdo al testimonio de las víctimas, les dijo que debían cambiar sus nombres y decir que eran mayores de edad. En la ciudad balnearia, fueron alojadas en un departamento que Matías había conseguido para su padre, frente a la terminal de micros.

Por unos días, trabajaron en un lavadero de autos, limpiando y cuidando niños, hasta que Alejandro Aguirre les dijo que “todo el esfuerzo que ellas hacían trabajando lo podían ganar en un solo día haciendo sexo, que había cuatro abogados limpitos, muy buenas personas que ellos conocían con los cuales debían mantener relaciones sexuales”. Enseguida, les dijo que tenían que hacerlo porque a su abuela le hacía falta la plata y que si no se tenían que ir. “¿A dónde iban a ir esas niñas? Se encontraban a 350 kilómetros de su casa y sin dinero”, reparó Adler.

La explotación sexual –de acuerdo al alegato del fiscal- se consumó en reiteradas oportunidades, siendo trasladadas por el propio Aguirre a distintos lugares. En una oportunidad, las niñas fueron llevadas a una vivienda donde mantuvieron relaciones sexuales durante aproximadamente una hora con cuatro hombres a quien el imputado calificó como “adinerados y abogados”.

Una discusión entre Alejandro Aguirre y su hijo menor –quien convivía en el departamento con las víctimas- permitió la huida del lugar. En el marco de esa disputa, “el padre blandió un arma de fuego en forma amenazante”. Tras escapar, con bolsos en mano, un policía les dijo que acudieran a la comisaría, donde comenzó la investigación del caso.

El segundo hecho juzgado ocurrió el 1° de febrero de 2013 cuando Matías Aguirre, siguiendo indicaciones de su padre, compró dos pasajes desde Florencio Varela a Pinamar a nombre de una joven y de la tercera imputada. La propuesta eran tareas de limpieza por un sueldo de 4 mil pesos.

Ambas fueron recibidas y alojadas en el mismo departamento donde estaban las menores. Allí, el hijo menor de Aguirre le dijo a la víctima que “se vista de puta para estar con diez bolivianos”. Al negarse, le dijeron que “no servía para eso”, y Matías Aguirre le compró al día siguiente un pasaje de regreso a Florencio Varela. Tres días después, lo mismo hizo con la coimputada.